Presentaron el proyecto de ley para crear una Agencia Anticorrupción provincial dentro del ámbito legislativo. Se trata de un organismo con independencia funcional que apunta a velar por la prevención e investigación de las conductas comprendidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Para desarrollar su tarea, la Agencia estará compuesta por un cuerpo colegiado de 5 miembros del que dependerá una comisión de investigaciones y otra de políticas de transparencia.

Además, trabajará en conjunto con la Fiscalía de delitos contra la Administración Pública, el Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Estado para esclarecer con celeridad las denuncias recibidas

La Agencia tomará las denuncias por corrupción efectuadas por personas particulares o agentes públicos y, cuando estime que se ha efectuado algún delito, lo denunciará ante el fuero judicial correspondiente. Como parte de sus competencias, también deberá investigar en forma preliminar a las instituciones que se financien principalmente con aportes del Estado.

El cuerpo colegiado estará integrado por dos contadores públicos, dos abogados matriculados en la provincia y un quinto miembro que acredite una reconocida trayectoria. Los cinco integrantes deberán ser designados por el voto de 2/3 de los diputados. Las dos comisiones dependerán del cuerpo y su integración quedará a disposición del reglamento interno que dicte la Agencia. Recaerá sobre la Comisión de Investigaciones la función de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, mientras que la de Planificación de Políticas de Transparencia promoverá la generación de políticas estatales contra la corrupción en el sector público provincial.

La Agencia Anticorrupción debe elevar anualmente a la Legislatura provincial un informe sobre sus gestiones y actividades. Además, como parte de sus atribuciones, tendrá que formular advertencias, recomendaciones y sugerencias para la adopción de medidas.

En los fundamentos se destaca que según una investigación realizada por 4 ONG's asociadas en el Centro de Investigaciones y Prevención (CIPCE), se estima que el costo producido por la corrupción y otros delitos económicos en la Argentina es aproximadamente de 10.000 millones de dólares. Además, sostiene que la corrupción repercute en forma directa y negativa sobre la distribución de los ingresos.

El proyecto ingresó por mesa de entradas el 3 de julio con la firma de los diputados de la Concertación Gastón Contardi, Fanny Longo, José Luis Sáez, Yenny Fonfach, Eduardo Benítez, Marcelo Inaudi, Cecilia Bianchi y Ariel Kogan.