Los integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) consideran que el informe de ese organismo sobre la empresa constructora Electroingeniería S.A. fue "tergiversado".

"Todo esto se basa en una tergiversación", sostuvo a Buenos Aires Económico uno de los integrantes de AGN, Osear Lamberto.

"Nosotros simplemente elaboramos un informe en el que se solicita una audotoría de costos sobre las dos obras, porque eso no se ha hecho".

Y remarcó: "La única forma de comparar estas dos obras es hacer un informe de costos. No se pueden sacar conclusiones sobre costos cuando no se estudiaron".

Por su parte, Francisco Javier Fernández, otro miembro de AGN, calificó ayer de "apresurado" el informe de ese organismo sobre el que se infirieron supuestos sobreprecios en una obra de tendido eléctrico llevado adelante por la Secretaría de Energía.

Según sostuvo Fernández, "la nota analiza parcialmente el informe con el ánimo de afirmar que, por la realización de la obra, se abonó un precio mayor al justo y, de este modo, se habría cometido un delito".

"El informe en cuestión, que audita el programa de Política Energética de dicha secretaría durante el período 2004-5, deja en claro que, en referencia a las obras de alta tensión efectuadas por Intesar SA para los tramos Choele-Choele-Puerto Madryn y Puerto Madryn- Pico Truncado, no se ha efectuado una auditoría de costos", explicó el miembro de la AGN.

PRECIPITADO. Fernández sostiene que, en consecuencia, "resulta precipitado anticipar un sobreprecio y más aún, cuantificarlo cuando según consta en el mismo informe habla de determinar a partir de dicho análisis previo, la razonabilidad o irrazonalidad de los costos".

Consideró que "tampoco pudo la auditada aportar elementos respecto de los costos de uno y otro tramo de la obra, desde el momento en que -como lo aclara el mismo informe- no fue ello objeto del análisis de examen".

"Teniendo en cuenta que la Secretaría de Energía no ejerce el seguimiento de dichas obras de manera directa, sino que lo delega en el Comité Administrador del Fideicomiso (CAF), es la misma Auditoría General de la Nación la que se impone la realización de una auditoria de ejecución de ambos tramos, para poder dictaminar respecto de la razonabilidad de los costos", aseveró.

Finalmente, Fernández recordó que el informe de la Secretaría de Energía fue aprobado hace dos meses "por unanimidad de todos sus auditores en el colegio de auditores generales", integrada además por los otros miembros del organismo, Oscar Lamberto, y Vicente Brusca.