quiere limitar la difusión de informes : Hasta ahora, el presidente del organismo decide la publicación de las investigaciones sobre el Ejecutivo. El kirchnerismo cambiará las reglas.

El golpe será con aviso. El kirchnerismo anunció que pretende avanzar sobre los órganos de control. La víctima: la Auditoría General de la Nación. El auditor oficialista Oscar Lamberto quiere entregarle al Gobierno la oficina de comunicación de la AGN, la principal herramienta de transparencia de la institución. La difusión de las investigaciones de la Auditoría está hoy en manos de la oposición que ayer denunció el nuevo "intento de vaciamiento" del ente de fiscalización.

Los auditores que responden al Gobierno incluyeron en el temario de la primera reunión del año –prevista para el próximo el 4 de febrero– un pedido para "modificar las atribuciones" del presidente del cuerpo, el radical Leandro Despouy. Quieren alterar el organigrama para quitarle la conducción del Departamento de Prensa y Comunicación. No es una pretensión menor: esa oficina se encarga de difundir las investigaciones que realiza la AGN y que frecuentemente se convierten en denuncias penales contra la propia administración kirchnerista. El plan está garantizado: el kirchnerismo ostenta la mayoría de los votos dentro del directorio del órgano de control y puede imponer sus condiciones a discreción. "Ahora se viene la censura dentro de la Auditoría", denunció ayer la presidenta de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

La nueva embestida del oficialismo se inició a raíz de un informe que publicó el organismo en el que reveló presuntos sobreprecios del 48 por ciento en una obra de ampliación del tendido eléctrico de alta tensión en la Patagonia. Los protagonistas de la historia son el ministro Julio De Vido; el secretario de Energía, Daniel Cameron; y la empresa Electroingeniería, de múltiples vínculos con el Gobierno. La difusión de esa investigación provocó una pelea entre los auditores. El kirchnerista Lamberto incluso llegó a decir que el material era falso y responsabilizó a Despouy.

Los presidentes de los bloques de diputados, Adrián Pérez, de la Coalición Cívica, Federico Pinedo, del PRO, Oscar Aguad, de la UCR, y Silvia Augsburger, del Partido Socialista, emitieron ayer un comunicado conjunto en el que manifestaron su "repudio ante el intento de vaciamiento" de la AGN y expresaron "su absoluto rechazo a la decisión de los auditores del oficialismo de recortar atribuciones y funciones del presidente".

La pelea por el crítico informe de la Secretaría de Energía lleva varios meses. El 6 junio de 2008, Crítica de la Argentina dio cuenta de que, pese a que la investigación ya estaba cerrada, los auditores oficialistas recurrían a un menú de argucias burocráticas para dilatar su publicación. La auditoría finalmente se publicó cinco meses después, el 11 de noviembre. Y pese a la maniobra, el escándalo no pudo evitarse. Ayer la Coalición Cívica anunció que llevará el caso a la Justicia.

El presidente del radicalismo, Gerardo Morales, afirmó que el proyecto de Lamberto para quedarse con la comunicación de la AGN "es otro camino para garantizarse impunidad".

La Auditoría General de la Nación es el principal órgano de control externo del sector público nacional y depende del Congreso. Está conducido por un Colegio de Auditores integrado por siete miembros: cada Cámara del Parlamento elige tres auditores, dos por el oficialismo y uno por la oposición y además la primera minoría designa al presidente. La AGN audita la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado y los entes reguladores de servicios públicos.