El Colegio de Auditores Generales postergó ayer una reunión en la que supuestamente se iba a resolver quitar al titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, el manejo de la Secretaría de Comunicación del organismo de control. Si bien la oposición había denunciado un día antes que se iba a tomar esta resolución, diferentes representantes del cuerpo -de mayoría oficialista- aclararon que la decisión no había tenido que ver con el anuncio y repudio opositor, sino con la confirmación por parte del Congreso de los nuevos auditores, elegidos en diciembre pasado. El debate de la medida, sin embargo, está cruzado por las acusaciones públicas de censura realizadas por el titular radical de la AGN y los reclamos de los partidos rivales para tener un mayor control del organismo, en pleno comienzo del año electoral.

En este sentido, el auditor kirchnerista, Oscar Lamberto, señaló que se estaban «confundiendo los tantos» y que el informe que sustentaría la denuncia por presuntos sobreprecios en las obras de interconexión de la red eléctrica de alta tensión en el tramo Choele Choel-Puerto Madryn adjudicado a la empresa Electroingeniería, que disparó la polémica, no estaba vinculado con el manejo de la comunicación del organismo. Lamberto agregó que el proyecto para que el cuerpo de auditores tuviera a cargo esta secretaría existía desde diciembre pasado, antes de la polémica, y que lo que propone es «al revés, que haya más comunicación, que las reuniones sean públicas, con taquígrafo y con acceso al periodismo. En un cuerpo colegiado, el manejo de la información publicada no puede estar en manos de una sola persona». El diputado oficialista indicó, además, que el proyecto ni siquiera había sido debatido y que la oposición había «inflado innecesariamente» una cuestión que «en realidad es de carácter interno-administrativo».

Tanto el auditor kirchnerista como otro miembro del cuerpo, el radical Horacio Pernasetti, negaron que la postergación de ayer estuviese relacionada con la polémica planteada por la oposición. Ambos explicaron que la reunión había sido pospuesta porque la AGN todavía espera una comunicación de la Comisión Bicameral Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (presidida por el kirchnerista Nicolás Fernández) respecto del vencimiento de mandato de uno de los auditores generales, el radical Alfredo Fólica, quien concluyó su mandato el 4 de enero pasado. Su sucesor, Alejandro Nieva, se encuentra cumpliendo funciones aún en la Cámara baja, ya que su cargo vence en diciembre próximo.

El Colegio de Auditores giró una nota a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (encargada de evaluar los informes que realiza la AGN), para que revea la situación y pueda extenderse el mandato de Fólica hasta que Nieva concluya su período en la banca de Diputados. «Queremos evitar así que no cuestionen la legalidad de nuestra toma de decisiones», explicó Lamberto. De todas maneras, el caso de Nieva no es el único que obstruye el avance de las reuniones, sino que también existen dudas sobre el cumplimiento de mandatos en los otros dos casos de auditores elegidos en diciembre pasado (Vilma Castillo y el reelecto Javier Fernández), tecnicismo para nada menor que podría seguir funcionando como obstáculo para la actividad normal del organismo.

Desde la publicación del informe de Electroingeniería, el cuerpo de seis auditores (tres diputados y tres senadores) ha sido vapuleado por los partidos opositores, que denuncian un «intento de vaciamiento de los organismos de control» por parte del Gobierno. Acusación que promete intensificarse en año de campaña y ya ha cruzado declaraciones entre el cuerpo, que cuestionó a Despouy por haber filtrado a la prensa información, antes de publicarla en la página del organismo, y el titular de la AGN, quien ha calificado la pretensión del cuerpo de «ilegal», así como denunciado que el proyecto llevaría al organismo a una situación «comparable a lo ocurrido en el INDEC». En este contexto, la interna en la AGN promete politizarse progresivamente a medida que avancen las campañas, así como las dificultades para consensuar entre el oficialismo y la oposición para impulsar investigaciones.