Sección Opinión

Mientras otros gobiernos piensan en evitar consecuencias de la crisis global sobre la prensa y le asignan prioridad institucional dentro del sistema democrático, en la Argentina se agudiza la confrontación con los medios de comunicación. 

Mientras que la crisis mundial profundiza sus efectos todos los días, varios Estados acuden en auxilio de los medios de comunicación que, a raíz de la baja de lectores y la reducción del ingreso por venta de publicidad, han llegado a situaciones críticas.

Un ejemplo es el de Sarkozy, presidente de Francia, quien comprometió una ayuda de 600 millones de euros para la prensa escrita. Esta asistencia implica la reducción de los costos fiscales y la creación de un programa estatal destinado a financiar una suscripción gratuita para que todos los jóvenes franceses cuenten en sus casas con un diario hasta cumplir los 18 años. El presidente francés además resaltó la importancia de la prensa y defendió la legitimidad de la intervención del Estado sobre un sector que "emplea a más de 100 mil personas y es vital para la salud democrática del país".

En los Estados Unidos, foco de la tormenta financiera mundial, la situación de la prensa escrita comienza a ser grave. Se estima en quince mil los trabajadores del sector que fueron despedidos durante el 2008, mientras que los ingresos por publicidad disminuyeron un 18%. The New York Times hipotecó su sede en Manhattan para enfrentar la crisis; The Chicago Tribune y Los Angeles Times, por su parte, se declararon en quiebra.

Recientemente, uno de los diarios más importantes de España, El País, declaró su deuda de cinco mil millones de euros, como producto de "la mala temporada" para la prensa española y solicitó la intervención del gobierno para evitar que más periodistas -que "están amenazados de ser despedidos en las próximas semanas o meses"- terminen en la calle.

Estos ejemplos se extienden a muchos otros medios en distintos países. Durante la reunión del año pasado de la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) realizada en Gotemburgo (Suecia), se informó que en los últimos años la tendencia a la baja en la venta de los periódicos en los Estados Unidos y algunos países europeos es alarmante. Este año los efectos de la crisis llegaron a la propia entidad, que por primera vez suspendió su asamblea prevista para mayo en la India. Esta realidad también se analiza en otros ámbitos internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa.

Mientras otros gobiernos piensan en evitar consecuencias colaterales sobre la prensa y le asignan una prioridad institucional dentro del sistema democrático, aquí la visión confrontativa sobre los medios se agudiza.

El conflicto desatado con los medios de comunicación llegó a niveles increíbles y las últimas noticias no son nada alentadoras.

Aunque en un fallo ejemplar de la Sala IV Cámara en lo Contencioso y Administrativo Federal condenó al Gobierno a restituir la publicidad oficial a la editorial Perfil, los manejos turbios en la distribución de la pauta siguen sin aclararse.

El Gobierno aumentó casi nueve veces, a 435 millones de pesos en 2008, los recursos de publicidad oficial que en 2003 eran de 46 millones, y el reparto muestra inequidades enormes entre los medios de línea editorial adicta y los medios cuya línea editorial es independiente o crítica.

A través de pautas engordadas que reciben los grupos "amigos" del Gobierno, empresarios sin tradición en los medios pueden adquirir nuevas licencias, por lo que se podría afirmar que asistimos a un proceso de "neomonopolización" oficialista de medios en la Argentina.

Colaboran también en esta estrategia empresas contratistas de esta administración que adquirieron Radio del Plata y despidieron al periodista Nelson Castro en un acto directo de censura. Sindicalistas aliados al kirchnerismo, por su parte, estrenaron frecuencias en AM, mientras otros siguen pujando por controlar el circuito de distribución de diarios y revistas.

Mientras tanto el COMFER sigue indiferente; las últimas auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) denuncian que el organismo no cuenta con base de datos, ni registros actualizados de los licenciatarios, no controla administrativamente las modificaciones del padrón ni las transferencias y además tiene sólo registrados 1.916 radiodifusores que realizan aportes fiscales cuando la AFIP lleva registrados 6.034.

En este marco la Presidenta volvió a anunciar el envío del proyecto de reforma de la ley de radiodifusión y aunque nada se conoce de su contenido suele presentarse como un ariete esgrimido contra los medios de comunicación.

De la misma manera que el Gobierno ha definido en el campo su peor enemigo, las políticas hacia la prensa, por acción y/u omisión, están destinadas a desarticular los medios independientes, callar todas las voces críticas y establecer un nuevo mapa de medios en la Argentina, un mapa oficialista. Legislar en materia de medios requiere un profundo respeto de las garantías constitucionales. El debate en torno a la radiodifusión no puede utilizarse sesgadamente, sancionar una nueva ley es una deuda de la democracia que sólo podrá pagarse si se establece para mejorar el sistema, no para dominarlo.

La crisis de los medios en el mundo no nos será ajena por mucho tiempo, como Johnny Yataco del Washington Hispanic señalaba en la 64ª Asamblea de la SIP: "Cuando llueve, todo el mundo se moja". Si lo que está en riesgo, además, es la libertad de expresión y de prensa, lo que se "moja" es la democracia.