El 10% del personal del Ente Regulador de Servicios Públicos porteño se dedica al control externo
Según la Auditoría de la Ciudad, el 60% de la planta del organismo hace tareas administrativas y no existen procesos de selección de agentes, sino que el Directorio recluta de manera “discrecional”. Además, no existen incentivos para los empleados y el edificio del Ente es “insuficiente” en relación a la cantidad de personas que trabajan todos los días.
Del personal que trabaja en el Ente Regulador de Servicios Públicos porteño, un poco más del 10% se dedica a tareas de control externo y el 60% hace labores administrativas. Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) señaló que dentro del organismo “no existen procesos de selección” de los empleados, sino que es el propio Directorio el que decide los perfiles necesarios, sin la participación del área de recursos humanos, y realiza los reclutamientos “discrecionalmente”.
Contrariamente a lo que ocurre en otros organismos, la AGCBA destacó la “alta receptividad del Ente” para responder en tiempo y forma a los requerimientos de los técnicos y no retrasar la ejecución del examen. Sin embargo, en el informe se reconoce que no hubo un sólo portavoz que brindara información y que los datos se “modificaban según quién los provea”. Esto, según la Auditoría, generó “falta de confiabilidad”, sobre todo en las consultas referentes a la gestión de recursos humanos, a punto tal que, desde el Ente, “no se pudo conciliar básicamente el número de agentes” que trabajan allí, es decir, no saben cuántos empleados tienen. No obstante, el organismo de control contabilizó, hasta 2007, 314 personas entre planta permanente y transitoria.
El informe también apuntó que el Ente Regulador no tiene una política definida de capacitación de personal. Es que los “recursos limitados” provocan que se prioricen los costos por sobre las utilidades, por eso “el organismo no tiene un plan estratégico que oriente sus recursos humanos a los objetivos institucionales”, dijo la AGCBA, y agregó que en 2007 “el 81,21% del personal del Ente no realizó curso alguno de capacitación”.
Según la Auditoría porteña, “no existen incentivos al personal” del Ente, ni una propuesta para su aplicación en el corto plazo, aunque sí hubo premios y adicionales aislados, pero no como política del organismo.
Igualmente, los técnicos compararon la antigüedad y nivel de estudio de los agentes con los requisitos mínimos de la carrera administrativa, y comprobaron que 15 empleados ocupaban cargos sin cumplir con las condiciones del escalafón, ocho no tenían en sus legajos alguna documentación que justificara el papel que desempeñaban, y que “el 9,96% de los reencasillados e ingresantes a la planta permanente en 2007 no cumplen con los requisitos solicitados para los nuevos puestos”.
Por otra parte, la sede del Ente es “insuficiente” en relación la cantidad de trabajadores que concurren todos los días. El organismo funciona en un edificio alquilado de Bartolomé Mitre 970, en el microcentro de la Ciudad, que tiene una superficie total de 1403 metros cuadrados, pero el espacio óptimo debería ser 2968 metros cuadrados.
La “falta de confiabilidad” en la información suministrada también se registra en cuanto a los fondos que maneja el Ente Regulador. Es que el mismo organismo le informó a la AGCBA que en 2007 su presupuesto había sido de $ 20.211.201, mientras que, según la cuenta de inversión, fue de $ 21.960.391. En Mitre 970 dijeron “desconocer la razón de estas diferencias”.
El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos está bajo la órbita del Poder Ejecutivo de la Ciudad y controla la prestación del transporte de pasajeros, alumbrado y señalamiento luminoso, higiene urbana, estacionamientos concesionados, autopistas urbanas, residuos patogénicos y peligrosos, tendido de TV por cable y transmisión de datos, semáforos y multas fotográficas. El organismo debe intervenir ante la denuncia de un usuario que vea lesionado un derecho o un interés legalmente tutelado y, frente a un eventual incumplimiento, sancionar al prestador del servicio.