Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), durante 2006 la Dirección de Cooperadores y Comedores Escolares porteña no controló al 36% de las plantas que elaboran alimentos para alumnos becados y personal autorizado de las escuelas que dependen del Ministerio de Educación.

Las 25 empresas que prestan el servicio fueron adjudicadas mediante la Licitación Pública 964/05 y se les asignó el armado de 337.848 raciones diarias por un total de $ 182.972.233,05 para el período 2006-2007. El organismo de control señaló que las fiscalizaciones de la Dirección de Cooperadoras “no cumplen con el mínimo de frecuencia establecido” en el Pliego. Además, puntualizó que los controles no llegaron a nueve de esas 25 firmas y que de las 16 restantes, 12 fueron visitadas sólo una vez. Al margen, los resultados de los exámenes “no son plasmados en los Libros de Actas de Inspecciones que se encuentran en cada escuela o planta elaboradora de alimentos”.

La AGCBA afirmó que en el Departamento de Asistencia Alimenticia de la Dirección no se controla si son recibidos en tiempo y forma los informes bromatológicos mensuales que deben enviar las adjudicatarias para asegurar que sus productos sean aptos para el consumo. Asimismo, se destacó que “no fueron remitidos 130 (de esos) informes”, el 43% del total que debían ingresar en 2006. Pero las irregularidades no se reducen a la dependencia del Gobierno porteño: dos empresas no enviaron ningún informe durante el período analizado, una de ellas presta servicios para otra “que también incumple” con la Licitación, y tres firmas que están vinculadas entre sí no presentaron el 70% de los informes bromatológicos que les correspondía. Ante esto, “no se pudo constatar la existencia de reclamos por los incumplimientos”, completó el organismo de control.

Por otro lado, la Auditoría analizó la labor de la Dirección de Higiene y Seguridad Alimentaria, y detectó que falta interacción entre esa dependencia y la Dirección de Cooperadoras, y que no se hacen los controles suficientes sobre el circuito de inscripción, dictado y aprobación de los cursos de manipulación de alimentos. De hecho, el Gobierno de la Ciudad no tiene un registro de manipuladores de alimentos actualizado. También se registra una “escasa frecuencia” en las tomas de muestras de alimentos para un análisis microbiológico. Además, sólo se fiscalizó a la mitad de las empresas que funcionan en la provincia de Buenos Aires y no hay datos que permitan afirmar que se tomaron muestras en las escuelas que son asistidas por esas plantas. “En conclusión –dijo la AGCBA-, no es posible emitir opinión respecto de la adecuación de los controles efectuados sobre los alimentos elaborados y distribuidos por dichas empresas”.

Con respecto a la salubridad laboral, el informe consideró que tanto la higiene y el estado de conservación de las instalaciones de las adjudicadas, como la capacitación del personal que manipula alimentos “no siempre han logrado cubrir los requisitos de las buenas prácticas en la materia”, y que se observan “desvíos significativos que aumentan los riesgos de contaminación de materias primas o de las preparaciones que son enviadas a las escuelas”.

Las firmas deben trasladar sus alimentos en contenedores isotérmicos, pero en el 26% de las plantas relevadas por la Auditoría no se cumplieron con las condiciones mínimas que requieren esos envases, como buen estado de conservación, higiene, cierre hermético y material adecuado para el mantenimiento de la cadena de frío o calor. En relación con este dato, el organismo de control concluyó que ninguna de las unidades productivas cuenta con registros de temperaturas de sus cámaras frigoríficas, ni tampoco llevan control de limpieza y desinfección de sus instalaciones.