Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa que revestían como pasantes en las distintas dependencias del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad de La Pampa siguen sin una solución luego de quedarse sorpresivamente en la calle.

Esta mañana algunos de ellos, junto a la comisión directiva del Centro de Estudiantes de la citada unidad académica concurrirán a la Legislatura para buscar una solución a la situación a través de los diputados.

Damián Araya, presidente del Centro, realizó ayer declaraciones a Radio Noticias minutos después de reunirse alternadamente con el ministro de Gobierno, César Rodríguez, y el decano de Económicas y Jurídicas, Roberto Vassia, y poco antes de ser recibido, junto a un grupo de pasantes, por el secretario general de la Gobernación, Raúl Ortiz.

El estudiante se mostró enfadado con el ministro, quien el viernes les había pedido tiempo para darles una respuesta a la problemática, y en la víspera, luego de recibirlos nuevamente, los envió a pedirle explicaciones a Vassia.

"El decano nos explicó y nos hizo ver que la facultad no tiene incidencia, ni responsabilidad alguna en esto. Volvimos a hablar con Rodríguez y nos admitió que la renovación de los contratos fue rechazada por el Tribunal de Cuentas a partir de un error administrativo, porque se enviaron los registros de los pasantes y las horas trabajadas después del 18 de diciembre, es decir, después de la promulgación de la nueva Ley Nacional de Pasantías, que cambió las reglas en cuanto a la extensión de los contratos y la cantidad de horas a trabajar", explicó Araya.

Reunión con el rector.

Los pasantes son estudiantes de la UNLPam que se desempeñan en calidad de tales en la administración pública provincial. Actualmente poseen contratos por los cuales trabajan seis horas. Desde el Centro de Estudiantes aseguraron que en casos como el de Registro de Personas Jurídicas, con sede en esta capital, de las doce personas que allí trabajan, una decena son pasantes.

Hoy, el rector de la UNLPam, Sergio Maluendres, tiene previsto recibir a Araya y a un representante de los pasantes del Ministerio de Gobierno para interiorizarse de la situación. Una fuente de la alta casa de estudios que mantuvo reuniones con los afectados explicó que el "error administrativo" se produjo en Gobierno por la demora en la presentación de las planillas para la renovación de los contratos.

Mientras el resto de los ministerios hicieron el trámite antes del 18 de diciembre, antes del cambio de legislación, la cartera de Rodríguez se demoró en la presentación y los contratos de sus pasantes, confeccionados acorde a la ley en desuso, fueron rechazados por el Tribunal de Cuentas, al no adecuarse a la nueva normativa.

Araya explicó que la ley que quedó derogada permitía que los contratos se extendieran por cuatro años y que la cantidad de horas a trabajar ascendiera a seis. Ahora, con la nueva ley, el plazo máximo de los convenios llega al año y medio y las horas por día se recortaron a cuatro. La ley promulgada en diciembre establece un plazo de 180 días desde su publicación en el boletín oficial para que los organismos afectados readecuen los contratos.

Desocupados.

Los setenta pasantes de Gobierno se habían reintegrado a trabajar el lunes 5 de enero. Sin mediar notificación formal alguna, el viernes 16, fueron advertidos de modo verbal de que el lunes siguiente no debían presentarse a sus lugares de trabajo porque no tenían más contrato. Araya dijo que el tema es de extremada gravedad para muchos estudiantes que contaban con el sueldo de la pasantía y se habían independizado económicamente de sus padres.

"Muchos de los chicos, la mayoría del interior, a partir de la pasantía decidieron alquilar por sí mismos algún departamento. Ahora, de golpe, se encontraron que no cuentan con el dinero para afrontar el alquiler. Rodríguez les pidió diez días para estudiar el caso pero ellos no pueden pedirle lo mismo al dueño del inmueble", se lamentó.