Luego de seis años de intervención estatal en los yacimientos carboníferos de Río Turbio, no hay registros de que se haya realizado el estudio de impacto ambiental que recomendó la Auditoría General de la Nación (AGN), en 2002.

El análisis sobre el estado del medioambiente en el suroeste de Santa Cruz tenía carácter de obligatorio según el Decreto 1034 de 2002 que disponía, principalmente, la rescisión del contrato de concesión por el que la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A. explotó los recursos de las minas durante ocho años. Esa rescisión se fundamentó en las “irregularidades” detectadas tras la gestión de la firma, que afectaron “la preservación del medioambiente, las custodia, el mantenimiento y la conservación de los bienes concesionados, el pago de los haberes al personal y sus aportes previsionales, el cumplimiento de las inversiones obligatorias y el pago del canon minero”, enumera un informe de AGN de 2007.

Así, en 2002, el yacimiento paso a manos estatales y quedó bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación. Un año más tarde, el complejo pasó a manos de la Secretaría de Industria Comercio y Minería nacional. En el traspaso de mando estaba incluida la obligación de realizar la auditoría ambiental.

Durante su trabajo de 2007, la AGN pidió a la intervención del yacimiento la documentación sobre los estudios medioambientales. Pero “tanto en la delegación Buenos Aires, como en las oficinas (de Santa Cruz), no tenían conocimiento sobre la existencia de la documentación solicitada”, afirma el organismo de control. Además, “se desconoce cuál fue la empresa encargada del trabajo”, es decir, no se puede saber si la auditoría ambiental fue hecha o no. La respuesta de las autoridades de las minas fue que “no se contaba con ningún material de la intervención anterior”, en referencia al período en que el complejo fue administrado por la Secretaría de Energía.

Las principales preocupaciones que la actividad minera produce en el medioambiente están relacionadas con la acumulación y el avance sobre el valle de un residuo llamado “estéril”, que es separado del mineral. Ese residuo representa el 50% del material que se extrae de las minas y surge de la etapa de lavado y depuración del carbón, que se realiza en la superficie, fuera de la mina. Además, el volcado de lodo sobre los cursos de agua también supone un perjuicio para el ambiente. Según el último trabajo de la AGN, esas variables “presentan las mismas condiciones que en el informe anterior”, de 2002, con la excepción de “un vaciado parcial de las piletas de lodo para prolongar su vida útil y minimizar el riesgo de desborde por llenado”.

Al margen, si bien el estéril, hasta cierto punto, se compacta naturalmente, en Río Turbio se formaron terrazas artificiales que “presentan pendientes claramente inestables”, explica la Auditoría, y agrega que la localización de esos depósitos son “inadecuadas” desde el punto de vista ambiental, y constituyen “un potencial factor de riesgo para los pobladores y las obras de infraestructura ubicadas aguas abajo”. Por otra parte, el volumen de estéril registrado en la zona es comparable con “el total del carbón producido desde que se iniciaron las actividades extractivas, en 1943”, es decir, cerca de 30 millones de toneladas.

Luego del trágico accidente de junio de 2004, la intervención del yacimiento decidió priorizar las tareas de seguridad e higiene del trabajo por sobre los problemas ambientales que se arrastraban de las gestiones anteriores. Ya en julio de 2007, la Secretaría de Minería de la Nación, la Provincia de Santa Cruz y la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio, firmaron un convenio para evaluar los daños en el medioambiente que produjo la extracción. A pesar de que la AGN había recomendado en 2002 la puesta en marcha de las “acciones necesarias para remediar los impactos ambientales” registrados, en el informe de 2007 concluyó que “hasta la firma del convenio (de ese año), no se observaron medidas para regularizar los pasivos ambientales generados con anterioridad”.
 
Otra de las recomendaciones que el organismo de control hizo en 2002 fue la de determinar las responsabilidades sobre las irregularidades verificadas en el control de gestión ambiental del yacimiento y, en caso de ser necesario, aplicar las sanciones correspondientes. Sin embargo, y seis años después, la Auditoría no observó que se pusieran en práctica ninguna de esas acciones.