Publicado: 02-03-2012
  
Buenos Aires.- Además de los incumplimientos graves de la empresa concesionaria, hay un no menos espinoso por parte del Estado que ignora los informes de sus propios organismos de control, siendo al fin parte del problema y no de la solución. Desde este punto de vista es inadmisible que el Estado sea querellante en la causa.

Tras su discurso en el aniversario de los 200 años de la primera jura de la Bandera nacional, en el que se refirió la tragedia de Once, Cristina Kirchner resolvió la intervención por 15 días en la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), del Grupo Cirigliano, que explota las líneas Sarmiento y Mitre. Obviamente, que lo hace para tener una suerte de auditoría propia previo a los peritajes judiciales después del desastre ferroviario que el miércoles pasado dejó 51 muertos y 700 heridos.

Hay además otras cuestiones en esta intervención, que obviamente también apunta a evitar el riesgo de nuevos accidentes por la mala mantención de las formaciones. Una es descomprimir el clima de conmoción social y otra es el gesto político de tomar cartas en el asunto.

La medida es absolutamente justa y necesaria de tomar, sin embargo sería interesante que la misma celeridad y contundencia se viera en cuestiones que siendo importantes no tienen tan alto perfil público.

El nuevo interventor es Raúl Baridó, gerente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Como una muestra de preocupación, su primera medida será preventiva: sacará de circulación varias formaciones para su revisión técnica. Eso obligará a recurrir a medios de transporte alternativo, como micros, entre otros. Seguramente, Buenos Aires y el Conurbano se volverán más caóticos que de costumbre y la gente se quejará pero el funcionario no quiere arriesgarse a que ocurran nuevos desastres.

La intervención fue informada oficialmente por el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, en la tercera conferencia de prensa conjunta en la que no se permitieron preguntas desde que ocurrió la catástrofe. Esta cuestión, terminó por enojar a los periodistas que emitieron un comunicado desde la asociación Fopea, preguntándose si valía la pena ir a ruedas donde sólo se escuchan monólogos, una mala costumbre de este gobierno. Tras ese encuentro, Schiavi sintió un malestar por lo que fue internado en Fleni, donde permanecía alojado hasta el cierre de esta edición, luego de ser intervenido para que se le colocara un stent coronario.

La intervención será administrativa, técnica y operativa, por 15 días o lo que dure el peritaje, o hasta que se sustancie el proceso penal.

La tarea que lleva adelante el juez Claudio Bonadío es importante para el Gobierno porque será el pie necesario para tomar medidas, ya que si los peritajes determinan incumplimientos o culpas del Grupo Cirigliano, el Gobierno estaría habilitado para rescindir a TBA la concesión de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre. Al menos, es de esperar que así suceda. Quién se haría cargo de la prestación en ese caso, es harina de otro costal, pero es de advertir que los ferrocarriles no son un negocio atrayente.

Un antecedente de rescisión ocurrió en mayo de 2007. El entonces presidente Néstor Kirchner suspendió las concesiones de las exlíneas Roca y Belgrano Sur a la empresa Transportes Metropolitanos SA, de Sergio Taselli, aunque en aquella oportunidad sin recurrir a previos peritajes judiciales. Por eso, decíamos en el comentario editorial de ayer sobre este mismo tema, que cuando la presidenta se excusó diciendo que se dificulta realizar los cambios que a la vista son necesarios porque le ponen "palos en la rueda" y por la presencia de "intereses", que si hay alguien que tiene la potestad de hacer o no es justamente el Ejecutivo, que sólo se trata de cargarse con el costo político, como lo hizo Néstor Kirchner en 2007.

Por ahora no se habla de rescisión, sólo de que la medida se adoptó para "garantizar la seguridad del servicio" ante tamaña tragedia y la falta de confianza que les genera el mantenimiento que efectúa la empresa y el estado de las formaciones. Con la sensibilidad que actualmente despierta el tema, cualquier incidente aunque fuera menor desataría otra crisis y la idea es reducir riesgos.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada, revelaron que la presidenta "comenzó a medir el clima social". Se encargaron encuestas y monitoreos de redes sociales y medios de prensa. "Los resultados fueron preocupantes para la mandataria, porque marcan claramente el estado de conmoción social que se ha creado con la tragedia". Y basta con hacer un recorrido por los comentarios de las noticias sobre el tema en las Webs de los medios para advertir que todos los dedos acusadores van hacia Cristina y su gestión.

Todo parece estar en marcha de cara a que este episodio no quede sin justicia. Pero lo preocupante es que hace casi un año, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, recibió un lapidario informe en el que un organismo oficial le advertía de las deficiencias estructurales que presentaban las líneas Sarmiento y Mitre, ambas operadas por Trenes de Buenos Aires (TBA).

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (Cnrt) informó oportunamente a Schiavi que la infraestructura, el material rodante, el sistema de señalización y telecomunicaciones y el tendido de la red eléctrica mostraban serios problemas de mantenimiento. Al referirse a los trenes, señaló que "se observa un pronunciado déficit de mantenimiento, encontrándose fallas preocupantes desde el punto de vista de la seguridad, por su gravedad y repetición".

Dice además el informe que la infraestructura entregada en concesión presenta importantes diferencias respecto de las exigencias establecidas contractualmente y tanto sus rutinas de mantenimiento como los medios humanos y materiales resultan insuficientes como para revertir una situación de sostenido decaimiento. Estas eran causas más que suficientes para una rescisión pero encima se advertía que era necesario "poner en marcha un plan de reducción de velocidad, ya que el sistema de vías presentaba fallas irreversibles".

Además de los incumplimientos graves de la empresa concesionaria, hay un tema no menos espinoso por parte del Estado que ignora los informes de sus propios organismos de control, siendo al fin parte del problema y no de la solución. Desde este punto de vista es inadmisible que el Estado sea querellante en la causa.

Está muy bien que se haya intervenido la línea del desastre ¿pero por qué no se atendieron a las señales de riesgo que la propia Comisión Nacional de Regulación del Transporte advertía?