Publicado: 06-03-2012
  
La medida, que suele ser previa a dictar una imputación, afecta a varios funcionarios. Por ahora, no hay ningún acusado en la causa que investiga el accidente del ex ramal Sarmiento.

La causa que investiga la tragedia de Once podría dar un vuelco inesperada. A tres días de aceptar al Estado como querellante en el accidente que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, el juez federal Claudio Bonadío le prohibió la salida del país al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, junto a otros funcionarios, y a la cúpula de la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), entre ellos a sus dueños, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano. En las generales de la ley, este tipo de medida es previa a la imputación. Eso todavía no ocurrió y es más, desde el despacho del magistrado minimizaron la prohibición, justificándola como una "preservación de la investigación".

El nuevo movimiento en la causa trascendió horas después de que el abogado Gregorio Dalbón, que representa a heridos del accidente, apelara la medida de Bonadío de aceptar al Estado como querellante en la causa. El letrado recusó al juez y lo denunció por el delito de prevaricato. La resolución quedará en manos de la Cámara Federal. También, en sintonía con lo que luego sucedió, Dalbón había reclamado que se impida la salida del país a los funcionarios de Transporte, ya que "pueden resultar imputados". Y siendo querellantes, con acceso a la causa, tendrían "la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad".

Fuentes judiciales reflexionaron que a priori son "contradictorias" las decisiones del magistrado: aceptar como querellante al Estado y prohibirle a Schiavi traspasar las fronteras. "Es un disparate jurídico digno de jueces incompetentes y mucamos del Estado", escribió en Twitter el abogado Dalbón, sosteniendo la incompatibilidad de ambas resoluciones. Casi anticipando lo que ayer ocurrió, el pasado viernes, luego de aprobar el pedido del Estado, cerca de Bonadío habían negado que ello impidiera que la investigación avance sobre los funcionarios públicos que pudieran tener alguna responsabilidad en la tragedia. Ese mismo día, la Auditoría General de la Nación (AGN) había aprobado un duro informe sobre la situación de los trenes del ex ramal Sarmiento.

La mala noticia para Schiavi le llegó el día de su regreso a la Secretaría: ayer había retomado sus tareas luego de recibir el alta tras sufrir una afección cardíaca la semana pasada, por la que debieron realizarle una angioplastia y colocarle un stent. Antes de su internación, el funcionario había soportado un vendaval de rumores que auguraban su salida del Gobierno. Pero no fue el único afectado por la prohibición. Si bien desde el juzgado de Bonadío no revelaron la nómina completa, trascendió que también involucra a otros funcionarios. Entre otros, al subsecretario del área ferroviaria, el sindicalista Antonio Luna, salpicado por el asesinato de Mariano Ferreyra a partir de una denuncia del Partido Obrero. Tampoco podrán dejar el país Eduardo Sícaro, titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT); así como los máximos directivos del grupo Cirigliano. Según indicaron fuentes judiciales, el juez federal ya notificó la prohibición contra los funcionarios y empresarios a la Gendarmería, a la Policía Federal y a la Dirección General de Aduanas.