“La mayoría de los sitios declarados Patrimonio Mundial en la Argentina tienen problemas de conservación que podrían afectar su valor excepcional”. Así lo señaló la Auditoría General de la Nación (AGN), en su informe aprobado en diciembre de 2011.

Al momento de la Auditoría, eran ocho los sitios argentinos que para la UNESCO tienen propiedad universal por su alto valor cultural o natural: la Cueva de las Manos del Alto Río Pinturas, las Manzanas y Estancias Jesuíticas de Córdoba, las Misiones Jesuíticas Guaranies, la Quebrada de Humahuaca, el Parque Nacional Iguazú, el Parque Natural Ischigualasto y Talampaya, el Parque Nacional Los Glaciares y la Península de Valdés.

Según consta en el informe, Argentina “constituyó un Comité de Patrimonio Mundial (CAPM), único en América Latina, en la órbita del Ministerio de Educación para llevar adelante una asistencia técnica puntual ante problemas de manejo de los sitios declarados Patrimonio Mundial”. Sin embargo, descubrieron que “carece de organización, recursos y presupuesto”.

¿Qué pasa con el CAPM?

La AGN observó que ésta entidad única “solo actúa como intermediario entre la UNESCO y los organismos de administración local de cada sitio”. De acuerdo a la Constitución Nacional, “son las provincias o la Administración de los Parques Nacionales los responsables directos de la conservación de cada lugar a través de la designación de un administrador”. Es por ello que al no tener una competencia territorial directa, al Comité solo le resta un papel de “intermediación” y de “enlace” entre la UNESCO y los sitios declarados Patrimonio Mundial.

En el informe se aclara que “existe un proyecto de ley (con sanción en el Senado en 2009) para la creación de un nuevo organismo que pueda emitir dictámenes vinculantes sobre temas de conservación –es decir, que deban llevarse si o si a la práctica- y poder de sanción. Además este proyecto le asigna presupuesto propio.

Si bien “el CAPM realiza seminarios anuales de administradores donde se informa sobre el estado de conservación de cada sitio, no realiza un informe de evaluación donde se establezcan prioridades de intervención para determinar qué sitios requieren de asistencia técnica y financiera internacional”, desdibujándose así sus funciones, indicó la Auditoría.

En consecuencia, los niveles de pedidos de ayuda financierason bajos”. Puntualmente, en el período auditado sólo fueron dos: uno en 2006 para el Parque Nacional Iguazú que fue rechazado; y otro, en 2009, para impulsar la revisión y la actualización del plan de manejo en la península de Valdés que fue aprobado. No obstante, la AGN no pudo obtener información sobre los resultados y la ejecución del gasto por parte del CAPM porque el Comité argumentó que “no es la autoridad responsable de la ejecución de la asistencia financiera”.

Otra de las funciones que tiene la Comité de Patrimonio es la de “brindar asistencia técnica para que los administradores de los sitios elaboren sus respectivos planes de manejo”. El equipo de auditores detectó que en algunos casosno hay plan de manejo, como en la Cueva de las Manos”. En Ischigualasto y Talampaya, “cada parque tiene su plan y no hay uno unificado”, al igual que en las Misiones Jesuíticas.

La AGN también señaló que “el Comité no se reunió con la periodicidad mínima establecida en la Resolución de su creación, que es de una vez al mes”. De hecho, en el periodo auditado, que va desde 2005 hasta 2010, “solo se relevaron 16 actas de reuniones”, aunque deberían haberse registrado 72 encuentros.

Por otra parte, según el organismo de control, para ejercer sus funciones, el Comité no cuentacon presupuesto ni con recursos humanos propios”. Tampoco implementó “un plan estratégico nacional con metas, indicadores y sistemas de revisión”.

Quebrada de Humahuaca

Como parte de las tareas de campo, el equipo de auditores visitó la Quebrada de Humahuaca y observó que la conservación de los sitios y yacimientos arqueológicos e históricos “era insuficiente y no estaban preparados para recibir al turismo”. Además, “las comunidades originarias consideran algunos lugares como sagrados y no están de acuerdo con el recorrido turístico”.

Los auditores concluyeron que “la declaración de Patrimonio Mundial no implicó un aumento de las medidas de protección del sitio” y que “no fue evaluado correctamente el impacto que pudiera sufrir el lugar con la concurrencia excesiva de personas”.