La Comisión

de Control del Estado definió un borrador para crear una fiscalía que investigue los delitos de corrupción en la administración pública.

El organismo dependerá del Poder Judicial y sus integrantes serán evaluados por el Consejo de la Magistratura. No se alcanzó a firmar el dictamen por no haber alcanzado el quórum por la ausencia de convencionales constituyentes.

La nueva Constitución consagrará un nuevo instituto dedicado a investigar la corrupción en la administración pública. La iniciativa partió de una propuesta del bloque de la Coalición Cívica-Partido Socialista (CC-PS).

Se trata de una fiscalía que se especializará en delitos de corrupción en la administración pública. A diferencia de la Oficina Anticorrupción, este nuevo organismo dependerá del Poder Judicial y sus integrantes serán elegidos por el Consejo de la Magistratura.

La iniciativa estaría acordada con todos los bloques, y las rúbricas se completarían en la reunión del lunes próximo, de la Convención Constituyente Provincial, que preside Jorge Busti.

El texto de la norma asegura lo siguiente: "Un fiscal del Ministerio Público, con competencia en todo el territorio de la provincia, tendrá a su cargo la investigación y la acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública. Su titular y demás integrantes serán fiscales designados por el Consejo de la Magistratura. La Procuración General asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad necesarios para el cumplimiento cabal de su cometido".