La llegada del nuevo secretario de Transporte de la Nación ha puesto en agenda nuevamente la necesidad de una actualización tarifaria que puede tener un fuerte impacto en la economía cotidiana. El nuevo funcionario ha señalado la necesidad de una adecuación del precio de los servicios públicos, y la reducción de los subsidios para recomponer la situación fiscal.

Trenes, colectivos y subtes podrían ver corregidas sus tarifas con una escala que impacta en el consumo cotidiano, y se sumarían así a los rubros que ya registraron un acomodamiento como los taxis. Sin subsidios, las tarifas del transporte público de pasajeros aumentarían varias veces, con el consiguiente riesgo de inflación, y las inversiones en infraestructura difícilmente se harían.

Este hecho económico, se considere acertada o no la decisión de afrontarlo de esta manera, confronta con especificar qué control existe en la adjudicación de los subsidios, que han motivado a la Auditoría General de la Nación (AGN) a emitir un reciente informe en el que señaló que el marco normativo es confuso y perjudica los controles necesarios, advirtiendo sobre la necesidad de mayor "transparencia y rendición de cuentas".

Para los empresarios, el eventual ajuste dará un respiro al sector, siempre que se mantenga la totalidad de los subsidios, con los que se podría conformar un fondo fiduciario para renovar unidades. No se debe tratar sólo de una cuestión de financiamiento, sino encarar una política de mediano plazo para mejorar el actual deficiente y obsoleto servicio.