El ex superintendente de Servicios de Salud Héctor Capaccioli fue procesado ayer sin prisión preventiva por el juez federal Norberto Oyarbide, quien le imputó los delitos del presunto abuso de autoridad y malversación de fondos públicos por el otorgamiento presuntamente irregular de un subsidio millonario a medio centenar de obras sociales, y por el uso de la «caja chica» del organismo. El magistrado, además, le trabó embargo al ex recaudador de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner por $ 500 mil.El procesamiento fue dispuesto en una causa en la que Oyarbide investiga el destino de un subsidio por $ 47.744.950 dispuesto en 2007 por la Superintendencia (SSS) en favor de 52 obras sociales sindicales, supuestamente para la realización de tareas de prevención entre sus afiliados. Pero el juez sumó en su resolución una serie de acusaciones por la utilización de la caja chica del organismo en gastos personales, como la compra de una lupa de $ 500, mates y bombillas por $ 1.300, ropa y artículos de marcas reconocidas y hasta obsequios registrados como «cortesía y homenaje».Se trata de un expediente que el juez comenzó a tramitar el año pasado a instancias de una denuncia de la Oficina Anticorrupción y cuya competencia disputa con su colega Ariel Lijo, que en paralelo había iniciado una pesquisa por la presentación de un afiliado de una de las obras sociales favorecidas con el subsidio.
 
Además de Capaccioli, fueron procesados los ex directivos de la SSS José Scopinaro, Horacio Ballestero y Oscar Cochlar.

En su resolución, Oyarbide alegó que en sus indagatorias los imputados no lograron demostrar los motivos para justificar la elección de las 52 obras sociales beneficiadas por el subsidio «por sobre las restantes con que cuenta el sistema de salud» ni tampoco «el criterio utilizado para las diferentes cifras que fueran asignadas a cada una». Y dijo haber encontrado «vicios en lo que respecta a la validez misma de la resolución en cuestión», en vista de que la reglamentación de la SSS «no prevé entre sus funciones la disposición de fondos para ser aplicados a programas preventivos de salud».

En cuanto al delito presunto de malversación, el magistrado detalló un listado de compras de difícil justificación: dos camisas fantasía por $ 308; un vestido Zara por $ 219; una remera «de leopardo y/o strapless drapeado de Ossira» por $ 159; indumentaria de Lacoste, Ralph Lauren y Nike, entre otras marcas reconocidas; una lupa por $ 500; un llavero por $ 350; una «escultura muñeca» de $ 548, y «mates y bombillas marca Cardón comprados en distintas oportunidades y que en total superan los $ 1.300». También menciona «una caja de bombones declarada como regalo a un diputado».

En el caso de Scopinaro, le fue imputada la firma de la misma resolución (806/07) de la SSS y la realización de dos viajes, a España y Grecia -en el segundo, acompañado por su mujer y su hija-, invitado por el laboratorio Weyth «a cambio de gestiones inherentes a sus funciones» para la «incorporación de medicamentos al Programa Médico Obligatorio». Los remedios eran elaborados por la empresa que invitó a Scopinaro. El juez le trabó embargo por $ 470 mil.

En tanto que a Cochlar, ex gerente de Gestión Estratégica de la «Súper», y a Ballestero, ex jefe del área de Jurídicos, también los acusó por la resolución y les fijó un embargo por $ 450 mil. Los imputados adelantaron que apelarán los procesamientos en los próximos días por entender que habían justificado la firma de la normativa, que a su vez había contado con el aval de la Jefatura de Gabinete de Ministros, entonces a cargo de Alberto Fernández.

Capaccioli era un hombre de Fernández y tenía a su cargo las gestiones para incrementar los aportes de campaña en 2007 para Cristina de Kirchner. Esos aportes también están incorporados a otra causa que investiga Oyarbide, conexa a la que instruye el mismo magistrado por la denominada «mafia de los medicamentos».

Los cargos que pesan en contra de Capaccioli tienen penas de entre un mes y dos años de prisión, en el caso del abuso de autoridad, y de tres años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, en el de malversación.