A casi un año y medio de anunciarse una profunda auditoría en sus cuentas, la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo en la mira de la Justicia por las irregularidades en el reparto de sumas millonarias a las obras sociales, todavía no terminó de ser inspeccionado. La Auditoría General de la Nación (AGN) anunció en octubre de 2009 una completa revisión de la APE, una oficina descentralizada que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, aún hoy, el informe no fue concluido debido, principalmente, a la resistencia del polémico organismo en entregar los datos detallados de la distribución del dinero a las mutuales sindicales. El actual titular de la APE, Daniel Colombo Russell, sólo entregó información luego de una orden judicial.

En diálogo con Clarín, el presidente de la AGN, Leandro Despouy, aseguró que han "tenido enormes dificultades de acceso a la información de los sistemas de la APE", situación que los obligó a ir a la Justicia el año pasado para lograr finalmente obtener los datos. Despouy consideró ante este diario que podría haber "llegado el momento de cambiar el sistema de financiación de prestaciones de alta complejidad por uno de financiación transparente y eficaz, habida cuenta que la experiencia indica que el sistema actual es un sistema ineficaz, oscuro y fuente de graves irregularidades y corrupción".

La causa conocida como "mafia de los medicamentos", a cargo del juez Norberto Oyarbide, reveló serias inconsistencias en la APE, un organismo que, de funcionar correctamente, persigue financiar costosos tratamientos para enfermedades complejas. Sin embargo, Oyarbide pudo determinar que muchas obras sociales falsificaban troqueles para cobrar estos subsidios. Por uno de esos cargos está preso Juan José Zanola, líder de la Bancaria, y por esta misma razón, entre otras, fue detenido, indagado y luego liberado el sindicalista Gerardo "Momo" Venegas.

Según se desprende de esa causa, la matriz de corrupción cuenta con la complicidad de funcionarios públicos. Es en ese contexto que la AGN anunció en octubre de 2009 que comenzaría una auditoría en la APE, un organismo al que ya había analizado en 2007 con conclusiones abrumadoras: encontraron variados ejemplos de dinero entregado a obras sociales sin que éstas hubieran rendido los comprobantes. La Bancaria, por ejemplo, cobró $ 225 mil para una campaña de vacunación en 2002 pero nunca entregó los recibos que probaban que efectivamente había gastado la totalidad de esa plata.

La AGN, además, decidió comenzar una nueva auditoría luego de una serie de mails que recibió Javier Fernández, uno de los representantes del kirchnerismo. Se trataba de correos enviados por el empresario de la salud Gabriel Brito, quien figura como aportante a la campaña presidencial del Frente para la Victoria en 2007 pero niega esa donación. Brito denunciaba, entre otros, a Héctor Capaccioli, el ex recaudador y ex Superintendente de Servicios de Salud, otro organismo investigado. Capaccioli, de hecho, fue procesado por Oyarbide la semana pasada.

En 2010, la APE repartió $1.090.314.266,29, una cifra que casi duplica a la del año anterior.

Este presupuesto millonario es manejado, desde 2003, por funcionarios relacionados a Hugo Moyano. La ex ministra de Salud Graciela Ocaña denunció en reiteradas oportunidades las irregularidades del organismo en el reparto de la la plata. En su gestión, se cambió el sistema de subsidio por uno de reintegro. Sin embargo, la ex funcionaria asegura que aún hoy "las cosas no cambiaron: las mismas personas que durante años administraron estos fondos de esta forma, son las que siguen manejándolo".