Publicado: 20-02-2011


Córdoba.- A veces lo hace como tragedia, a veces como farsa. Otras, pareciera una comedia, si no fuera porque viene impregnada de muerte.

La historia del choque de trenes que se cobró cuatro vidas en la provincia de Buenos Aires pasa por todos esos géneros.

La tragedia


El miércoles a las 18.45, un convoy de la empresa Ferrobaires que iba de Retiro a Junín chocó por detrás a otro tren de la línea San Martín. Cuatro personas murieron y hubo 70 heridos, 15 de ellos de gravedad. No están claras las causas: algunos apuntan a un problema de las máquinas, y otros a una falla humana.

La comedia


El jueves, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido responsabilizó al gobierno bonaerense por el control de ese tren, ya que Ferrobaires es una empresa pública que pertenece a ese estado provincial. Lo curioso es que?la función fiscalizadora le corresponde a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT), que depende de la Secretaría de Transporte, que depende?del Ministerio a cargo de De Vido. Para que no queden dudas, la misión de la CNRT está descripta en su sitio web (www.cnrt.gov.ar) y especifica como funciones "el control y fiscalización?de los operadores de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional" (incluye?"región metropolitana"), y aclara que eso abarca tanto a las líneas propiedad de las "provincias como del sector privado". Quizás De Vido tiene tantas áreas a cargo que olvidó que existe la CNRT. O para qué sirve.

La farsa


Ninguno de los gremialistas o funcionarios relacionados con el suceso del miércoles puede hacerse el desentendido, en especial si llegara a comprobarse que hubo una falla no detectada: en 2008, la Sindicatura General de la Nación (Sigen, en donde hasta 2007 trabajó como síndica adjunta la esposa de De Vido, Alessandra Minnicelli) halló graves falencias en el control del transporte ferroviario. El informe se denominó "Auditoría Transversal-Ministerio de Planificación-Entes reguladores de servicios públicos-Aplicación de sanciones y multas", y estableció que la CNRT carecía de sistema informático, no aplicaba las normas sancionatorias previstas (lo que facilitaba la reincidencia), faltaba coordinación entre las áreas, y no existía un reglamento de penalidades para el transporte ferroviario de pasajeros en el área metropolitana.

Se veía venir


Las consecuencias de esa laxitud fueron anticipadas por el abogado cordobés Jorge Barbará en un informe que, a partir de la auditoría de la Sigen, publicó en el Anuario 2008 del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC). Tras analizar la auditoría, Barbará concluía: "Si no se mantiene adecuadamente un determinado material rodante, advirtiéndose que el mismo se encuentra en estado deplorable, ello supone la ausencia de inversión por parte del prestador, favoreciendo a una rentabilidad malsana, bajo riesgo, inclusive, de pérdidas de vidas humanas (...), convirtiéndose el regulador, aun cuando fuera de manera no intencional, en un partner (socio) del prestador".

Por si fuera poco, la Sigen advertía que la Gerencia de Seguridad de la CNRT había informado a la Subsecretaría de Transporte Ferroviario sobre los incumplimientos en el mantenimiento de los trenes, pero sin que hubiera respuesta ni de ésta área, ni de la Secretaría de Transporte que la contiene, entonces a cargo de Ricardo Jaime, hoy investigado por enriquecimiento ilícito.

Barbará analizó también el presupuesto de ese año (2008) para la CNRT, que superaba los $ 27 millones. Y una curiosidad: sólo los rubros "gasto de personal" y "pasajes y viáticos" se llevaban casi $ 20 millones, o sea, más del 75 por ciento del total. Todo para que los inspectores labren sanciones que luego no se aplican.

Como a Ibarra


Si con el choque de trenes en la provincia de Buenos Aires se usara la misma lógica que imperó al juzgar la responsabilidad política por la masacre de Cromañón, no es difícil imaginar hasta dónde deberían llegar las destituciones o las renuncias.

Eso no pasará, ya que -dicha lógica suele variar- de acuerdo al contexto y al signo político de los implicados. Y porque, aunque la cantidad de muertes no debiera medirse con límites máximos o mínimos, el accidente del miércoles no causó tantas víctimas fatales como la masacre de Cromañón, en donde se perdieron 193 vidas.

Mientras tanto, los organismos de control siguen haciendo el juego a los prestadores, y en la Sigen se elabora el informe que se desempolvará en algún tiempo, con el próximo accidente por falta de mantenimiento.