La Auditoría General de la Nación (AGN) calificó como “precario” el control que hace el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) sobre las 42 instituciones de todo el país que están adscriptas a su plan de estudios. Es que, según un informe aprobado a finales del año pasado, pese a que la usina de locutores nacionales tiene la obligación de chequear el funcionamiento de todas sus subsedes al menos una vez al año, entre enero de 2007 y abril de 2009 sólo se inspeccionaron dos, la de Posadas, Misiones, y la de La Rioja.  

El ISER, que durante el período analizado aún funcionaba bajo la órbita del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), depende desde octubre de 2009 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). No obstante este cambio de órbita, la AGN detectó que el Instituto cuenta con un reglamento “temporal y experimental” desde 1985, que debió haber estado vigente por 120 días.

Los auditores también señalaron que el COMFER no tuvo acceso directo a los archivos producidos por el ISER, ya que el organismo de control solicitó información a 15 de los 42 institutos adscriptos y obtuvo sólo los antecedentes completos de cuatro casos. El Instituto auditado alegó que parte de la documentación requerida se encontraba bajo la guarda de otra empresa con la cual se encontraría en una “etapa pre-judicial”.

Otra de las facultades del ISER es la de evaluar a los egresados de los institutos adscriptos que aspiran a ser locutores nacionales. Sin embargo, la AGN observó que en dos casos “se contradice” la calificación de los exámenes pre-impresos con la respectiva nota final.

Además de locutores, el ISER es responsable de otorgar las habilitaciones profesionales para operador técnico de estudio de radiodifusión y planta transmisora de radiodifusión. Para eso dispone de un lapso máximo de 30 días hábiles. Pero, de acuerdo a lo auditado, de 43 legajos que el ISER denominaba “a la firma” (ya que se encontraban cumplidos todos los requisitos para la habilitación), en 29 casos el plazo de entrega se extendió a 85 días hábiles y, en los 14 legajos restantes, hasta la fecha del cierre de la auditoría el COMFER no había dictado la resolución de habilitación, con una demora promedio de 6,5 meses.

A su vez, la auditoría agregó que el proceso de aplicación de sanciones a los expedientes que no cumplían con el régimen de habilitación de locutores llegó a prolongarse más de 2 años (hay uno que casi superó los 5 años), a pesar que una resolución determinaba que el proceso no debía demorar más de 90 días hábiles.