El control de la gestión pública encuentra varios obstáculos. No sólo en el acceso a la información que padece la Auditoría General de la Nación (AGN), sino en la propia inercia de los legisladores, que tienen demorado el tratamiento de más de 280 informes de control que ni siquiera revisaron.

Peor aún, otros 50 expedientes ya dictaminados y listos para ser discutidos en el recinto esperan su turno desde mayo pasado. Ni siquiera el hecho de que en dos de esos expedientes se recomiende, incluso, la presentación ante la Justicia por la gravedad de las irregularidades detectadas parece conmover a los legisladores para apurar su tratamiento.

Una de esas dos auditorías se realizó sobre el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), donde la AGN detectó irregularidades en los procesos de renegociación de concesiones viales con empresas que, en algunos casos, registraban incumplimientos totales en obras anteriores con las que se habían comprometido.

Otra auditoría también demorada es la del APE, la Administración de Programas Especiales, uno de los organismos bajo sospecha en la causa que investiga la mafia de los medicamentos, a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, donde están complicados funcionarios públicos, empresarios y gremialistas.

La AGN revela en su auditoría el pago de sobreprecios en la campaña de vacunación antigripal de 2004 y defectos en la rendición de cuentas de parte de los sindicatos, entre otras anomalías.