Con el inicio del nuevo año legislativo, varios diputados comenzaron ayer a tratar de frenar la embestida del Gobierno contra las mediciones privadas de precios al consumidor.

Por un lado, la diputada del GEN Margarita Stolbizer convocó para el próximo martes a una audiencia pública a la que promete asistir la mayoría de las consultoras sancionadas por la Secretaría de Comercio Interior, que lidera Guillermo Moreno, por presunto "engaño".

En la convocatoria, hecha con otros bloques opositores, Stolbizer indicó que el Gobierno "aniquiló las estadísticas sobre precios como un mecanismo de ocultamiento de la inflación, sobre la que tampoco ha generado políticas públicas de prevención, contención o disminución".

Stolbizer dijo a La Nacion que la pelea de fondo gira en torno del proyecto legislativo para reformar el Indec, que cuenta con media sanción, aunque admitió que el oficialismo podría oponerse o en el recinto o a través del veto presidencial.

Por esa razón, el martes a las 15, en el anexo de Diputados, se analizará en una audiencia pública la situación de las mediciones paralelas al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según la legisladora del GEN, el desprestigio sufrido por las cifras oficiales desde 2007 "condujo necesariamente a la elaboración, difusión y uso de datos privados, evidenciando la brecha entre unos y otros, entre las estadísticas nacionales y las de los institutos provinciales".

De hecho, a enero de 2011 Jujuy registraba una inflación anualizada del 33%, según su dirección estadística, seguida por Tierra del Fuego, con 26,6%; San Luis, con 25,6%; Chubut, con 24,7% y Santa Fe, con 23,9%, frente al 10,6% medido por el Indec.

Stolbizer consideró que el proceder del ministro de Economía, Amado Boudou (que sigue sin referirse al informe de cinco universidades -hecho a pedido del Gobierno- que confirma el cuadro crítico del Indec), "agrava la situación, con una inflación que cada vez afecta más las economías familiares, sin que logre conmover la agenda del Gobierno".

Para Stolbizer, las sanciones impartidas por Moreno tienen "la única intención de silenciar nuevas voces de denuncia sobre el impacto del aumento de precios y de las expectativas inflacionarias y, de manera particular, del efecto sobre la población más vulnerable".

En tanto, la diputada nacional por la Coalición Cívica (CC) Patricia Bullrich presentó un proyecto para "encomendar a la Comisión de Libertad de Expresión que solicite a todas las consultoras privadas copia de los informes de medición sobre el índice de inflación mensual, a fin de que sean publicados y puestos a disposición de la ciudadanía".

Bullrich, que también presentó una denuncia contra Moreno ante la Oficina Anticorrupción, consideró que la ley de lealtad comercial sancionada en la dictadura que el Gobierno aplica para sancionar a los consultores "está mal aplicada en este caso", ya que "serán los clientes de las consultoras quienes evalúen la seriedad de los informes".

"Moreno debería autoincriminarse por ocultar la verdad a través de la destrucción del Indec y la desconfianza generalizada en la institución y sus índices", opinó la candidata a diputada nacional de la CC.

Mientras la mayoría de las consultoras informó que el IPC de febrero rondó el 1,5% (frente al 0,7% del Indec), Economía & Regiones decidió no dar más su medición hasta que no cese "la injusta persecución de la que es objeto".

"El Gobierno aniquiló las estadísticas sobre precios para ocultar la inflación"
Margarita Stolbizer
Diputada del GEN

"Moreno debería autoincriminarse por ocultar la verdad al destruir el Indec"
Patricia Bullrich
Diputada de la Coalición Cívica