Publicado: 28-10-2011 
  
Río Negro.- El Tribunal de Cuentas resolvió luego de 18 años. El ex directivo del BPRN, culpable en el caso Coerpe.

El ex directivo del Banco de la Provincia de Río Negro, Francisco Ricciardulli deberá pagar 4.310.699 pesos, más intereses, por su accionar doloso al otorgar un crédito a la ex empresa Coerpe, causando un daño patrimonial al Estado rionegrino. 

El Tribunal de Cuentas lo condenó a pagar esa cifra al resolver un pedido de juicio de responsabilidad elevado por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en diciembre de 1993.

Sobre el resto de los imputados en la causa del Banco, la Fiscalía de Investigaciones desistió de la acción contra los ex directivos Guillermo Speratti y Antonio Osvaldo Sánchez. Además se declaró extinguido el juicio contra Rubén Rodríguez tras su fallecimiento, quedando solo el entablado contra Ricciardulli.

El Tribunal de Cuentas rechazó el planteo de prescripción planteado por este último ante los 18 años transcurridos desde que ocurrieron los hechos, fundamentando que no se ha tutelado su garantía a ser juzgado en un plazo razonable.

Los integrantes de este organismo -Pedro Casariego, Jorge Malaspina y Daniel Bossero- explicaron que el Tribunal se vio impedido de pronunciarse respecto de la responsabilidad patrimonial de Ricciardulli antes del pronunciamiento de la Corte en 2008 y luego de un extenso proceso penal que significó más de 10 años y en el marco de la fijado por el Superior Tribunal de Justicia.

En el pedido de juicio de responsabilidad, la Fiscalía de Investigaciones recordó que en 1993 y como consecuencia de leyes nacionales el gobierno central y el provincial firmaron un acuerdo de compensación de créditos y deudas recíprocas que incluyó la del entonces BPRN originada a favor de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro por los avales otorgados a Coerpe S.A. por 4.310.699 pesos. Este convenio fue aprobado por la Legislatura rionegrina y derivó en el pago de esa suma por parte de la provincia.

Para la Fiscalía, Coerpe fue una empresa creada al solo efecto de obtener créditos para el grupo económico Traballoni, al que pertenecía. "Su constitución -dice el organismo- con un capital irrisorio, sin empleados ni estados contables así lo indican. La iniciación de actividades se produjo con la solicitud de créditos a la Caja y su vinculación con el BPRN. En sus presentaciones ante el Banco y los ministerios de Hacienda y Recursos Naturales argumentó que el producido del crédito sería empleado en la radicación de la empresa en San Antonio en las instalaciones de Galme Pesquera, virtualmente paralizada en ese momento".

"No fue necesario esperar que pasara mucho tiempo para observar que el objeto de la petición no era la evolución de la empresa sino el pago de deudas que Arpemar y Promasa -del mismo grupo- mantenían con el Banco de Buenos Aires, cuyos créditos ya habían sido verificados en el correspondiente concurso. Aún en el supuesto que las garantías hubieran sido adecuadas, el Banco nunca debió asumir el riesgo de avalar un crédito que tenía como destino el pago de deudas sin que estuviera en juego la radicación de fuentes de trabajo en nuestra zona", concluyó el Tribunal.