La Auditoría General de la Ciudad analizó el Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, más conocido como Scoring y descubrió que “el infractor que no comparece”, es decir, que no se presenta ante un controlador de faltas para pagar la multa y que le resten puntos, “resulta beneficiado”. Es que, justamente, la falta de concurrencia a la Dirección de Infracciones “incrementa la posibilidad de que las infracciones prescriban”.

El organismo de control porteño señaló que el hecho de no comparecer sólo encuentra un límite en el momento de la renovación del registro, ya que en esa instancia se exige el pago de todas las deudas por infracciones antes del otorgamiento, lo que sucede cada cinco años en la mayoría de los casos.

Desde el punto de vista informático, se puntualiza en el trabajo de la auditoría que “el sistema de información no emite alertas sobre si hay infractores con gran cantidad de faltas acumuladas que no comparecen”.  Para el organismo de control - en su informe aprobado este año sobre datos del período 2009-2010 “queda en evidencia que el sistema es contradictorio, ya que los ciudadanos rebeldes deberían recibir una penalidad mayor y no menor”.

¿De qué se trata el Scoring? El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores fue aprobado durante el 2009, e implementado en forma plena en el año 2010, y “constituye un mecanismo mediante el cual se evalúa el comportamiento del conductor en función a sus antecedentes de transito al momento de otorgar una licencia de conducir”.

A cada conductor se le asignan 20 puntos al otorgarle la licencia por primera vez. Por cada infracción que comete los puntos se descuentan gradualmente hasta llegar a cero. En ese momento el conductor es inhabilitado para manejar. Las deducciones se efectúan en función a una tabla en donde se establece cuántos puntos se restan por cada contravención. La primera invalidación es por 60 días, una vez vencido el plazo se le reintegra al conductor el puntaje. Así las inhabilitaciones aumentan progresivamente hasta llegar a los cinco años.

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) Vangent Boldt es la responsable, en materia informática, de la gestión del scoring. De hecho le corresponden  “la administración, mantenimiento y soporte de la red de comunicación de información, el cuidado de los centros de procesamiento de datos, la capacitación de los usuarios del sistema, el mantenimiento del software de base”, entre otros.

El Estado porteño suscribió un contrato con la UTE “por cuatro años, más uno de renovación automática, si ambas partes están de acuerdo, por un monto de casi $105 millones más el 5% de la recaudación efectiva de las multas de tránsito (que en 2010 representó cerca de $6 millones).
Sin embargo, la AGCBA señaló que en ese acuerdo “no se incluyó la facultad del Gobierno de la Ciudad de auditar al proveedor de igual modo que si se tratara de un servicio interno”. Ello puede desencadenar en “una negativa o en el entorpecimiento, por parte de la firma proveedora, del acceso a la información, a sus procesos y a sus instalaciones”. La ausencia de una cláusula que habilite a actuar a la auditoría interna y a la propia Auditoría de la Ciudad “implica la posibilidad de no poder evaluar los riesgos derivados de la prestación y no poder mejorar aspectos débiles de la misma” en palabras de los auditores.

El informe también señala que “el Gobierno no dispone de agentes que conozcan la operación y la lógica del sistema informático y que estén en condiciones de darle continuidad en el caso de desaparición de la proveedora o reemplazo de la misma”. Esta situación “aumenta el riesgo de no poder utilizar la información”.

Además, si bien el contrato celebrado entre la UTE y el Gobierno de la Ciudad contemplaba para éste último una copia de los programas fuentes, “no consideró las actualizaciones del mismo, quedando a consideración del proveedor”. En consecuencia, “si la empresa quiebra o cesa su operación, el Gobierno no va a tener la última versión del software ni de la base de datos” provocando “problemas de continuidad de la operación y comprometiendo la disponibilidad de la información, con el consecuente impacto económico e inutilización del servicio”.

En relación al sistema, los auditores señalaron “una falta de política en materia de seguridad”, ya que, por ejemplo, “falta un manual de normas de seguridad, instrumento necesario para explicitar las pautas que deben ser cumplidas por la organización”.

En la Argentina, “los accidentes de tránsito ocasionan –aproximadamente- 8.000 muertes por año, casi 1 por hora y constituye la primera causa de muerte en menores de 35 años”. Según la información recavada por los auditores, y expuesta en el informe, en la Ciudad de Buenos Aires el primer “infortunio automovilístico” con desenlace fatal ocurrió en 1905, cuando un taxi chocó contra una columna de alumbrado en la actual Avenida del Libertador.

Durante el año 2000 se registraron en la CABA 360 muertes, valor que fue descendiendo para instalarse en el año 2002 en un nivel de aproximadamente 250 muertes por año, en el período 2009-2010 ese guarismo volvió a bajar, ubicándose en un rango de 150 a 200 muertes por año. El organismo de control “esta disminución es coincidente con el comienzo de la aplicación del scoring , si bien no es posible afirmar una correlación directa de causa efecto, sí se puede asegurar que las disminuciones en la muertes no son fruto de la casualidad”.