Publicado: 29-03-09

En 2006 se aprobó un documento nacional.

Las acciones de transparencia institucional se vinculan, según parámetros establecidos por la Organización de Estados Americanos, a dos grandes ejes: la democratización en la toma de decisiones y la lucha contra la corrupción.

Las previsiones alcanzan a los tres poderes del Estado. En el plano parlamentario, respecto al primer campo, existen iniciativas tendientes a la adecuada difusión de sus decisiones que administrativas y normativas; a potenciar la participación y las consultas a organizaciones intermedias y a dirigentes sociales sobre temas trascendentes; a la realización de reuniones públicas en las comisiones legislativas (en Tucumán son a puertas cerradas), con la confección de estadísticas de labor; y a la información del ingreso y del trámite dado a todo proyecto. También se prevé la identificación de los legisladores al momento de votar (mediante el voto nominal a viva voz o el electrónico) y la divulgación de las listas de empleados y asesores.

Otros puntos son la sanción de normas de acceso a la información pública y el impulso de iniciativas relacionadas con la democracia directa, como la potestad de los ciudadanos de presentar iniciativas (en Tucumán, sólo pueden hacerlo el gobernador, su vice y los legisladores, según lo previsto en la Constitución provincial) o la realización de plebiscitos.

Sobre el segundo punto, se sugiere dar a publicidad toda la información vinculada con contratos (se recomienda que se prioricen las licitaciones públicas antes que las contrataciones directas); la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas de bienes e intereses de los legisladores y funcionarios (en la provincia, estos documentos son secretos); el establecimiento de un régimen de sanciones en caso de conflictos de intereses y restricciones para que ex funcionarios o ex legisladores obtengan empleos en el área privada en trabajos relacionados con la labor que tuvo.

La mayoría de estos preceptos figuran en las bases de un plan de acción para implementar en el país la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por la Argentina en 1997. El documento general (una serie de recomendaciones efectuadas por expertos interdisciplinarios) fue aprobado en marzo de 2006 por la Oficina Anticorrupción de la Nación.