Viedma.- La acumulación de expedientes irregulares del Ministerio de Turismo hace presumir la existencia de un perjuicio millonario para el Estado rionegrino. 

Las anomalías -detectadas por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- repiten tradicionales mecanismos, como facturas apócrifas, firmas inexistentes y servicios no cumplidos, pero también incorporan hechos más "extravagantes", como pagos con fondos estatales de gastos de proveedores –por caso, el hospedaje- o la contratación a una empresa de construcción de un empleado de Obras Públicas de Río Negro.

Los expedientes -con decenas de operaciones- superan el medio centenar y hay quienes aseguran que la suma involucrada rondará entre los tres y cuatro millones de pesos. 

Una parte importante de la investigación comprende gastos derivados del paso del Dakar 2009 por la provincia. Por caso, un sólo expediente conforma un anticipo de fondos por 900 mil pesos, asignado al ministro Omar Contreras. Además hay llamativas ausencias de servicios contratados pero pagados, como el alquiler de un sofisticado equipo de comunicación. 

El titular de Turismo cumple actualmente un viaje oficial por España, junto a legisladores y los intendentes de Sierra Grande y San Antonio Oeste. 

Mientras tanto, el fiscal Pablo Berraz acumula información y documentación para ampliar la denuncia penal por las erogaciones de Turismo, que fue presentada el 7 de junio ante el fiscal Marcelo Álvarez. 

Las irregularidades se centran en la utilización de cuatro fondos permanentes, creados para "gastos de Funcionamiento de Turismo", para "gastos de funcionamiento de Viedma, para la "subsecretaria de Coordinación Administrativa de Viedma" y para "Obras e Infraestructura Turísticas". 

La Fiscalía detectó que los conceptos de los fondos son similares, que se rinden "facturas" distintas al "objeto para el cual fue creado", y que algunas son presentadas en diferentes fondos, "presumiéndose un uso y destino diferente". 

El surtido de irregularidades detectado contempla desde adulteraciones en los importes en las facturas hasta firmas -constructoras- que no figuran en registros oficiales, pasando por incumplimientos en servicios o entregas de bienes adquiridos. 

La documentación desnuda también la activa participación del jefe administrativo de Turismo, Nelson Daniel. Su actuación -según trascendió- es completa en varios procedimientos, lo cual multiplica las sospechas. Daniel contrataba servicios o compras y, luego también confirmaba la prestación del servicio o recepción de bienes. 

El análisis sobre los perjuicios se divide entre la fiscalía penal de Álvarez, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones, que concentra la mayor pesquisa. 

En la primera presentación, Berraz asegura que "puede surgir un perjuicio al erario -aún no susceptible de cuantificación- y que resultaría de considerar las diferencias económicas derivadas de pagos indebidos (facturas inexistentes, adulteradas, servicios no prestados o prestados parcialmente, sobreprecios abonados, adquisición de bienes no recibidos)". 

El fiscal de Investigaciones destaca el rol que deben asumir los funcionarios públicos que están "encargados de controlar los actos que involucran las facturas adulteradas y firmas falsificadas, lo cual, también debe ser motivo de consideración".