Cuando la Oficina Anticorrupción emite una resolución contra un funcionario, éste puede recurriría ante el ministro de Justicia, que es quien debe decidir a quién le da la razón. Hay un antecedente de un ministro que revocó un dictamen por conflicto de intereses que había sacado el organismo.
Fue Aníbal Fernández, en 2007. En el caso en cuestión se analizó la situación del entonces subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, quien para asumir en el cargo se había tomado licencia en su puesto en el sindicato La Fraternidad. La OA le exigió que renunciara a su trabajo sindical porque se encuadraba dentro de un conflicto de intereses. Pero Luna apeló y Aníbal Fernández, a través de la resolución 120/07, le dio la razón. En el caso de Juan Félix Marteau, si decide apelar deberá hacerlo justamente ante su superior, el ministro Germán Garavano. PASADO. Defendió a un sindicalista.