Publicado: 10-03-2010
 
Córdoba.- Los funcionarios municipales tienen 10 días para responder los pedidos de informes que aprueba el Concejo Deliberante. Sin embargo, dos integrantes del gabinete de Juan Jure han dejado correr el tiempo y no han contestado informes trascendentes sobre la marcha de la gestión.

El concejal Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, presentó un proyecto de resolución para que el propio intendente instruya a sus funcionarios para que cumplan con la obligación establecida en la Carta Orgánica Municipal de responder a los requerimientos que haga el Legislativo.

Los dos funcionarios en cuestión son el secretario de Economía, Guillermo Mana, y el presidente del Emos, Tulio Giambastiani. Uno de los pedidos de informes ignorado es de agosto del año pasado. 

Los argumentos del proyecto se basan en la división de poderes y en los contrapesos que deben existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Tribunal de Cuentas.

"En las Atribuciones, la Carta Orgánica Municipal expresa en el artículo 63: "Pedir informes al Departamento Ejecutivo y a los órganos de control, los que deben ser contestados dentro del término que fije el Cuerpo. Cuando dicha atribución sea ejercida por algunos de sus miembros no pueden fijarse términos para su contestación", dicen los fundamentos del proyecto. 

Scoppa agrega que hasta que se aprobó la ordenanza 1039/02 había un vacío legal en cuanto a los plazos de respuesta. Esa normativa aprobada en 2002 fijó que los funcionarios no pueden demorarse más de diez días en dar una respuesta al Legislativo. 

"Fíjase el plazo de diez días hábiles para rendir los informes (...)Si por razones atendibles el requerimiento no pudiera ser cumplido dentro de dicho plazo, se deberá solicitar al Concejo Deliberante su ampliación con indicación de las causas que la motivan, dentro de los cinco días hábiles de recibida la solicitud", se lee en los argumentos.

En este caso, los informes que debían dar Mana y Giambastiani eran importantes. El secretario de Economía tenía que detallar qué montos de cheques diferidos ha colocado el Gobierno durante la crisis que debió soportar durante el año pasado. Además, tenía que informar sobre los juicios de extraña jurisdicción, que el Municipio siguió llevando adelante a pesar de que un fallo del Tribunal Superior ponía en duda su facultad para hacerlo. El tercer pedido de informes, de diciembre de 2009, estaba dirigido a Tulio Giambastiani, del Emos. El funcionario debía responder sobre la situación de un contratado por el ente municipal que generó sospechas en la oposición.

Pero más allá de que el proyecto apunta a que el intendente les exija a sus funcionarios cumplir con su obligación de responder los pedidos de informes, también plantea que se sancione económicamente a Mana y Giambastiani.

Cita el artículo 2 de la ordenanza 1039: "Establécese para los funcionarios responsables de rendir los informes requeridos por el Concejo Deliberante la imposición de una multa a favor de la administración del 5% de su remuneración básica mensual".