Un informe de la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), señala que la Escribanía General porteña no publicó en internet las declaraciones juradas de los funcionarios del Ministerio de Hacienda correspondientes al ejercicio 2008, pese a que, según un decreto vigente hace seis años, debían darse a conocer antes de marzo de 2009.

Esa norma, además, establece que los documentos tienen que ser difundidos también a través del Boletín Oficial de la Ciudad y antes de la misma fecha límite. El organismo de control afirma que la Escribanía sí publicó las declaraciones de Hacienda, pero con una “sensible demora”, recién el 22 de julio del año pasado.

El decreto en cuestión, el 1381/04, nombra a la Escribanía porteña como la encargada de “reservar las declaraciones juradas patrimoniales por un plazo de diez años contados a partir de la fecha de cese del funcionario”. Los auditores visitaron el lugar destinado al archivo y detectaron que el depósito “no tiene las medidas de seguridad adecuadas y su espacio resulta insuficiente para la conservación” de esos papeles por el lapso previsto.  

Ministerio de Hacienda

Para realizar su informe, la AGCBA analizó a 115 de los 359 funcionarios del Ministerio de Hacienda que están obligados a declarar la evolución de sus patrimonios.

De esa muestra, “no se pudo determinar” qué función desempeñaban 49 miembros porque “el listado provisto por Recursos Humanos (del Gobierno de la Ciudad) es incompleto”. Asimismo, en cuanto a los casos indicados como Planta Gabinete, “no se especifica el cargo (de cada uno), impidiendo establecer el tiempo y la forma de cumplir con la obligación de la presentación”, dice el informe.

Con este panorama, el organismo de control pudo examinar los casos de 66 funcionarios y descubrió que “13 de ellos no formalizaron la presentación de sus declaraciones juradas”.

La Unidad de Recursos Humanos de Hacienda también mereció la mención de los auditores. Es que los datos suministrados por esta área resultaron “incompletos”, porque no se informó la totalidad de los miembros obligados a declarar sus bienes según el decreto 1381/04. Pero tampoco se remitió esa lista a la Escribanía General, lo que impidió intimar a quienes no cumplieran con la normativa vigente. Hay más: “Las oficinas de personal (de la cartera) no confeccionan correctamente los formularios que contienen las declaraciones juradas, utilizando en algunos casos (documentos) desactualizados”, puntualiza la Auditoría.

Déjà Vu

Según la Constitución de la Ciudad, todos los funcionarios de la administración pública, entes autárquicos y descentralizados, desde el Jefe y Vicejefe de Gobierno hasta Jefes de Departamento, pasando por Ministros, Secretarios, Subsecretarios, Directores y Subdirectores, están obligados a presentar una declaración jurada de bienes dentro de los 15 días hábiles desde que asumen el cargo y después del cese de sus funciones, antes del 31 de diciembre de cada año, y en cada circunstancia en que exista una modificación sustancial de su patrimonio.

Desde 2000 hasta la actualidad, la Auditoría porteña hizo 16 estudios sobre declaraciones juradas en distintas áreas del Gobierno de la Ciudad. Después de analizar el caso del Ministerio de Hacienda, el organismo de control decidió poner su trabajo “en conocimiento del señor Jefe de Gobierno y del señor Jefe de Gabinete, a fin de que adopten las medidas que correspondan, en virtud de los reiterados informes con idénticos resultados”.