Publicado: 30-05-2011 
  
Tierra del Fuego.- Un terreno en el balneario Las Grutas, dos inmuebles en la calle Policía de Territorios Nacionales y un par de complejos de departamentos figurarían entre los bienes que no incluyó en su declaración patrimonial el ex funcionario Silvio Pascual Amoresano, quien está siendo juzgado por el delito de enriquecimiento ilícito.

El imputado, cuando asumió como funcionario en 1994, declaró un patrimonio familiar de 39.500,14 pesos, y cuando se fue de la administración pública provincial, diez años después, uno de 489.995 pesos, o sea doce veces mayor.

Por ello el juez de instrucción, Gustavo Jensen -que investigó su patrimonio desde mayo de 1994 a diciembre de 2005- le imputó no haber podido justificar una mejora de 223.243,41 pesos. Además lo procesó por falsear y ocultar información en las declaraciones juradas que presentó ante el Tribunal de Cuentas.

En noviembre de 2007 la Cámara en lo Criminal 1 confirmó esa resolución, y la semana pasada tres jueces de la vieja Cámara en lo Criminal 2 empezaron a juzgarlo. Originalmente, en la causa también estaba imputada su esposa, Norma Patricia Aranda, por haberse prestado presuntamente a la maniobra del ocultamiento, pero ella falleció meses atrás.

La estrategia defensiva de Amoresano fue, durante todo este tiempo, estirar los plazos procesales lo más posible para evitar el juicio y, eventualmente, para beneficiarse con la prescripción de la acción penal.

Durante el marinismo, Amoresano fue director provincial de Obras Básicas y arquitecto del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda. Luego el intendente de Santa Rosa, Néstor Alcala, lo designó director municipal, cargo al que debió renunciar cuando esta causa trascendió públicamente. Por último, el ex gobernador Carlos Verna lo nombró representante del Gobierno pampeano ante el Ente Regulador del Gas y la empresa distribuidora de gas Camuzzi.

Al ex funcionario marinista, alcalista y vernista se lo procesó porque "al ser debidamente requerido, no justificó la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo, o de persona interpuesta para disimularlo". El enriquecimiento está sancionado con entre dos y seis años de cárcel, y la omisión con entre 15 días y dos años, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. El Tribunal de Cuentas había determinado esa falta de justificación el 11 de febrero de 2005.Todo lo que olvidó.

La última DD.JJ. que presentó Amoresano, al irse del gobierno, fue a mediados de 2004. Allí declaró bajo juramento un patrimonio de 235.680,26 pesos. Dijo que entre él y su esposa tenían nueve inmuebles, dos autos, un campo, ingresos anuales por algo más de 40.000 pesos y alquileres por 14.000.

El ex funcionario juró poseer cuatro inmuebles por 53.740 pesos (una casa familiar y tres como inversiones) y su esposa dijo que tenía cinco inmuebles en zona urbana por 135.740 pesos (el domicilio particular y cuatro más).

En ese documento incluyó dos autos (una camioneta Ford F-100 y un Seat Córdoba), el campo y un sueldo mensual de 1.750 pesos. De su mujer declaró ingresos anuales por 20.000 pesos como arquitecta y 14.000 más en concepto de alquileres.

Pero Jensen descubrió que el ex funcionario habría ocultado propiedades y que poseía, o había poseído, departamentos en terrenos declarados como baldíos. Uno de esos complejos estaría en José Luro y Colombia. Son tres departamentos que habrían sido edificados a fines de los 90, que estaban a nombre de Aranda y que fueron vendidos. Otros tres se ubican en Policía de Territorios Nacionales al 1100. También figurarían a nombre de su mujer y por lo menos dos tendrían nuevos dueños. Ambas construcciones se levantaron a metros de la vivienda del matrimonio, en Policía de Territorios Nacionales 1245.

También "olvidó" decirle al TdeC que tenía un campo familiar de 110 hectáreas, llamado "La Loma", en la zona de Winifreda. Pero no serían los únicos bienes que no informó, confirmaron fuentes judiciales. En ese listado también estaría incluidos un inmueble en el balneario rionegrino de Las Grutas.

Sin abrir la boca.El juicio lo están llevando adelante los jueces de audiencia Carlos Mattei, Carlos Besi y Eduardo Olmos. Lo primero se que hizo fue leer la acusación que pesa contra Amoresano y luego, en la indagatoria, se le dio derecho a defenderse. Pero el imputado optó por la estrategia del silencio. Prefirió callar, aunque aún le asiste el derecho de pedir hablar en cualquier momento del proceso.Hasta ahora han declarado dos testigos, los peritos contables que intervienen en el expediente. Ambos ofrecieron visiones absolutamente diferentes sobre la justificación o no del patrimonio. Uno de los que testificó fue el perito oficial Silvio Alvarez y el otro la perita de parte, Silvia Orgales.

El juicio había sido fijado por los jueces de la Cámara en lo Criminal 2 para agosto de 2009, pero en ese momento no se hizo porque faltaba que asumiera Mattei (en aquella época Abel Depetris ocupaba el lugar de Besi). Luego el tribunal demoró casi dos años para encontrar un "hueco" en medio de su agenda. En ese lapso Aranda llegó hasta el Superior Tribunal de Justicia tratando, sin suerte, que le otorgaran la probation.