Publicado: 31-05-2011 
  
La Pampa.- No hubo preguntas filosas, ni respuestas sorpresivas. Todo fue bastante "light" en el reinicio del juicio oral y público que se le sigue al ex funcionario Silvio Pascual Amoresano por dos delitos: enriquecimiento ilícito y omisión y falseamiento malicioso de datos en las declaraciones juradas presentadas ante el Tribunal de Cuentas.

Al menos ayer quedó la sensación de que los jueces subrogantes de la Cámara en lo Criminal 1 se guiarán más por las pruebas y testimonios que están incorporados por escrito al expediente -incluyendo pericias contables- que por lo que declaren los testigos, ya que apenas les formularon un par de interrogantes a los cinco que pasaron frente a ellos.

Así, las pocas preguntas quedaron circunscriptas al fiscal Jorge Amado y a la defensora Silvia Brown, a pesar de que testificaron las dos personas que controlaron sus DD.JJ. en el TdeC y un socio de la esposa de Amoresano, Norma Patricia Aranda. Ella, hasta que falleció meses atrás, estuvo imputada por prestarse presuntamente a maniobras para "disimular operaciones inmobiliarias" de su marido.

El patrimonio familiar de Amoresano, según sus propias declaraciones, se incrementó doce veces en su paso por la función pública en la administración provincial, ya que ingresó a ella en 1994 con 39.500,14 pesos y en diciembre de 2005 era de 489.995 pesos. El imputado no pudo demostrar una mejora de 223.

243,41 pesos. Además ocultó un campo de 110 hectáreas en Winifreda, un terreno en el balneario rionegrino de Las Grutas e hizo figurar inmuebles como terrenos baldíos cuando tenían construidos departamentos.

La causa lleva años dando vueltas en la justicia. El Tribunal de Cuentas determinó esa falta de justificación el 11 de febrero de 2005. El entonces juez de instrucción Gustavo Jensen lo procesó por ambos delitos en septiembre de 2007. La Cámara en lo Criminal 1 confirmó esa resolución en noviembre de 2007. A partir de ese momento el caso pasó a la Cámara 2, aunque recién ahora la Cámara 1 -con otra composición- está realizando el juicio.

Amoresano -que se mostró muy activo y mirando insistentemente el expediente- fue director provincial de Obras Básicas, arquitecto del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda y director del Registro Permanente de Licitaciones del Ministerio de Obras Públicas durante el marinismo. Después el ex intendente de Santa Rosa, Néstor Alcala, lo designó director municipal, cargo al que debió renunciar cuando el enriquecimiento trascendió públicamente. Cuando el ex gobernador Carlos Verna asumió en diciembre de 2003 lo designó representante del gobierno pampeano ante el Ente Regulador del Gas y la empresa distribuidora de gas Camuzzi.Qué dijo cada uno.

María Irene Giusti, actual directora provincial del Registro Civil y Capacidad de las Personas, era la jefa de la División Control Patrimonial cuando en febrero de 2005 ese organismo detectó que el incremento no justificado era de "apenas" 40.661,36 pesos. La testigo afirmó que en aquel momento "detectamos inconsistencias en los datos (de la declaración jurada) al cotejarlos con los de otras anteriores". Por eso le pidió una revisión al cuerpo de auditores y citó a Amoresano para que hiciera su descargo. "Yo lo asesoré. El dijo que creía que no tenía que declarar los bienes de su esposa. Al dar sus explicaciones, la suma original se redujo a una cantidad menor", acotó.

La auditora que revisó esa documentación, a pedido de Giusti y luego de un sorteo, fue Gladys Leonor Rapanelli, actual responsable de Control Patrimonial. Ella constató que de las DD.JJ. surgió "un importante incremento que no pudo justificar con sus ingresos". Lo cuantificó en 188.976 pesos. La arquitecta Dora Beatriz Aimale, por orden judicial, peritó cinco complejos habitacionales pertenecientes a Amoresano. Cada uno tenía cuatro o cinco departamentos. "Me pidieron que informara sobre el tipo de edificación y el valor de construcción y de mercado de cada uno de ellos. Fue muy difícil porque algunos habían sido construidos hacía tiempo y ya había cambiado el valor del peso porque no estaba el 1 a 1 (de la convertibilidad)". Miró por dentro un departamento de cada complejo y en función de ello dictaminó. En un caso tuvo en cuenta, para fijar los valores, un informe de San Juan porque las construcciones allí eran similares a las de La Pampa.

José Martín Diez, empleado administrativo del Consejo Profesional de Ingeniería y Arquitectura, detalló que los profesionales deben presentar un contrato de cada una de las obras particulares que realizan -no de las obras públicas- porque aportan honorarios a la institución del tres por ciento de cada una de ellas. Ese dato para saber, al menos aproximadamente, cuáles eran los ingresos anuales de la arquitecta Aranda. También se le preguntó si los planos reflejan los materiales que se utilizan en las obras. "Algunos profesionales los detallan y otros no", contestó.Langlois, el socioUn dato desconocido: el ex asesor letrado de Gobierno, Pablo Langlois, tiene una relación de amistad con Amoresano desde hace 15 años, aunque aclaró que no mantiene un trato frecuente. El fue socio de Aranda porque junto a Adriana Vincet compraron en 1997 un terreno en Colombia y Luro donde construyeron "unos departamentitos" -según sus propias palabras- que luego vendieron. "Fueron tres dúplex, uno para cada uno. No recuerdo a cuánto los vendimos; pero ganamos seguro. Plata, no se perdió".

Cuando ayer en la audiencia se leyeron dos testimoniales de Langlois -esposo de la jueza civil Gabriela Pibotto- durante la etapa de instrucción, se supo que el testigo dijo el 27 de diciembre de 2006 que había puesto 2.000 pesos y que en 2001 había ganado entre 15.000 y 20.000 con esa operación. También que Aranda le hizo trabajos en otros dos departamentos sobre la calle Pico. Pero el 7 de junio de 2007 declaró que cada una de las partes había aportado 5.100 pesos para la adquisición del terreno.