Publicado: 02-06-2011

La Pampa.- Al ex funcionario Pascual Silvio Amoresano podrían condenarlo a tres años y medio de prisión, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y una multa equivalente al monto actualizado del patrimonio que no pudo justificar. Esa es la pena que solicitó el fiscal Jorge Marcelo Amado este miércoles durante su alegato en el juicio oral que se lleva adelante en la Cámara del Crimen Nº 2.
 
El ex funcionario de Rubén Marín, Néstor Alcala y Carlos Verna está acusado de enriquecimiento ilícito y omisión y falseamiento malicioso de datos en sus declaraciones juradas. La sentencia la darán a conocer los jueces Eduardo Olmos, Carlos Bessi y Carlos Mattei el próximo 8 de junio a las 12:30 horas.

La abogada de Amoresano, Mirta Brown, solicitó la absolución de su defendido y, en su defecto, que se le aplique la pena mínima prevista para este tipo de delitos (Ver aparte). En la cuarta audiencia del debate, Amoresano estuvo acompañado por un allegado y uno de sus hijos. Volvió a hablar (Ver aparte).

En su alegato, Amado recordó que el caso se originó cuando el Tribunal de Cuentas detectó que entre la declaración jurada de Amoresano del año 2002 y las presentadas antes, en el ’94 y ’99, existía un "excesivo" incremento patrimonial que no pudo explicar cuando se le requirió un descargo. El organismo evaluó el crecimiento sin justificar en 188.976 pesos.

En tres años, el ex funcionario pasó de declarar dos inmuebles, un auto, ingresos por 1.000 pesos cada uno con su esposa y un alquiler de 500 pesos; a asentar tres inmuebles y medio más, otro auto, e ingresos por 21.000 pesos en su caso y 33.245 en el de su esposa. "Por más buen administrador que sea, es imposible de justificar", dijo Amado.

El fiscal describió que luego se dio intervención a la Justicia y los informes y pericias ordenadas por el juez Gustavo Jensen descubrieron que la declaraciones juradas estaban incompletas. El incremento injustificado se elevó a 223.243 pesos.

Se encontró que Amoresano tenía, en realidad, propiedades en Lordi 136, Lordi 144, Territorios Nacionales 102, Onofre Rey 942, Onofre Rey 948, Policías de Territorios Nacionales 1.245, Tello 750 y un campo de 150 hectáreas; y su esposa un complejo de departamentos en Territorios Nacionales 1.169, otro en Colombia 1.321 y una propiedad en el balneario Las Grutas, que se vendió en 1998.

"El incremento patrimonial es sumamente importante. No hablamos de una propiedad o dos. Lo llamativo es que no hay créditos, herencia ni premios de juegos de azar. Fue todo realizado en dinero en efectivo", mensuró Amado.

"¿Cómo es posible que con esos ingresos pueda haber adquirido estos bienes? Es imposible. No se puede ganar cuatro e invertir ocho si no se saca dinero de otra parte", añadió, para confirmar que considera probado el enriquecimiento ilícito.

Por otro lado, también estimó que la omisión maliciosa y falseamiento de datos en las declaraciones juradas está probado porque consignó un patrimonio neto mucho menor. "Es un delito objetivo. Basta leer lo que declara para comprobarlo", dijo. En ese sentido, puso como ejemplo que ya en la declaración del ’99 no figura el inmueble de Las Grutas y figura un terreno baldío en la calle Lordi, donde había construido cuatro departamentos.

Finalmente, desestimó que Amoresano no haya declarado los bienes gananciales a nombre de su esposa por un error. "Es poco creíble, es un profesional, con diversos cargos públicos, no es creíble esta versión, que aduzca que desconocía esta situación. La intención era era ocultar el patrimonio real, que era imposible adquirir con los ingresos como funcionario público", remarcó.