Publicado: 14-06-2011

Tucumán.- El archivo de la causa Funsal amenaza con traerle dolores de cabeza a la fiscala María de las Mercedes Carrizo. El abogado Oscar López (peronismo disidente) anunció que impulsará un pedido de juicio político en contra de la funcionaria y que solicitará formalmente la reapertura del expediente ante el Ministerio Público Fiscal.

"La resolución que dictó, sosteniendo la doctrina de que la investigación y sanción aplicada por un órgano administrativo produce cosa juzgada en materia penal e inhibe toda actuación de la Justicia, destruye la forma republicana de gobierno. Por esta resolución, los jueces y fiscales penales de instrucción quedaron subordinados a cuanto abogado sumariante exista en cualquier órgano administrativo del Gobierno", se quejó.

En febrero de 2010, luego de una publicación de LA GACETA, López impulsó la denuncia junto al radical Raúl Moreno, con la intención de que la Justicia investigue la supuesta contratación anómala de la Fundación Salud (Funsal), para que dicte cursos de odontología por $ 800.000, en 2009.


Las pesquisas

Según detectó el Tribunal de Cuentas (TC), la fundación se inscribió en la Dirección de Personas Jurídicas tiempo después de haber dictado los supuestos cursos. Incluso, estrenó sus talonarios con la facturación al Siprosa. En consecuencia, en mayo de 2010 el órgano de control sancionó por las "serias irregularidades administrativas y transgresiones legales" al ministro de Salud, Pablo Yedlin, y a los funcionarios del Siprosa Alberto Sabaj y Daniel Álvarez Garmendia. Los tres aún pagan una multa equivalente a cinco sueldos.

Luego de tomar declaración indagatoria a los miembros de la fundación -a la vez empleados del Siprosa- y a funcionarios de ese organismo, la fiscala Carrizo concluyó en abril que no contaba con elementos para continuar con la investigación penal. Por ende, el 8 de abril archivó el expediente.

Justificó su decisión, por un lado, en el principio jurídico non bis in idem, que impide que por un mismo contenido de injusto puedan imponerse dos penas criminales: el Tribunal de Cuentas ya sancionó al ministro Yedlin (autorizó el pago a Funsal aunque, finalmente, este no se realizó por la intervención del TC), y a dos funcionarios del Siprosa. Por otro lado, la fiscala consideró que no hubo daño al erario público, precisamente porque no llegó a sustanciarse el pago. "No se advierte intención alguna en sus conductas de causar un perjuicio concreto en contra de bienes del estado, siendo sancionados los responsables por la vía administrativa", sostuvo en el escrito de archivo la fiscala.

El abogado López no está dispuesto a quedarse quieto. Ayer, ratificó que interpondrá una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia para que inicie juicio político a la fiscala Carrizo. Paralelamente, solicitará al ministro fiscal, Luis de Mitri, que reabra la causa y le asigne otro fiscal. "Que sea independiente, pues es de esperar que los órganos cabezas del Poder Judicial y del Ministerio Público no compartan la doctrina de la doctora Carrizo, porque en ese caso habría que cerrar las puertas de la Justicia penal provincial", sentenció.