Debilitar las instituciones para permanecer en el poder es parte de la cultura del oficialismo. La reciente elección de miembros del Consejo de la Magistratura puso en evidencia cómo le molestan los controles al Gobierno nacional: recurrió a la cooptación de aquellos que pensando en su beneficio personal les son funcionales.

El presidente del Consejo, juez Mario Fera, perdió abrumadoramente las elecciones de su sector, el más atacado por el Gobierno.

Como un trago muy amargo para los magistrados, terminó votándose a sí mismo para presidir el organismo a cambio de que desnivele a favor del oficialismo en las comisiones.

El Gobierno ha utilizado la Magistratura para proteger a los jueces que prevarican y amenazar a los que son probos e investigan.

No se puede analizar esta situación en forma aislada. Es parte de la manera en que el peronismo gestiona el poder en todo nivel.

El Poder Ejecutivo evita los controles y rehúye las vigilancias propias del sistema democrático. Ejemplos sobran. Se fue Manuel Garrido de la Fiscalía de Investigaciones; la Sindicatura eliminó la publicación de información en Internet; la Auditoría General suma dificultades para funcionar; no hay Oficina Anticorrupción. La prensa es agredida cuando busca información.

Si bien con la nueva composición del Consejo desde la oposición no podemos asegurar que se avance sobre aquellos que faltan a sus obligaciones y son protegidos por el Gobierno, sí podremos -y esto es muy importante- evitar que amenacen y expulsen a los honrados que investigan.

La reciente detención del sindicalista Momo Venegas nos dio otro ejemplo de cómo el PJ entiende la relación política-jueces.

El Peronismo Federal atribuyó la encarcelación a decisiones del Gobierno y a la vez se movilizó para arrancarle un fallo a la Justicia.

La ciudadanía y la Justicia deben saber que si actúan dignamente van a estar protegidos por una de las instituciones más importantes de la República.

Sin la mayoría especial en manos del kirchnerismo, se termina la observación amenazante.

Ya no podrán meter denuncias contra los jueces y mantenerlas en suspenso, fomentando la inacción y la autocensura.

Se necesitan jueces con manos que deben ser libres para indagar, incluso a todos los funcionarios que lo merezcan.