Publicado: 12-03-2013   

Buenos Aires.- La remoción de un millón de metros cúbicos de sedimentos de la desembocadura del Riachuelo y su posterior vuelco en el Río de la Plata y un sector de su costa fue denunciada como una tarea altamente contaminante por una organización no gubernamental que promueve la protección del medio ambiente en vías navegables, cursos de agua y zonas aledañas.

La Asociación Pro Aguas Limpias, que preside Martín Tonelli, denunció "por contaminación a una empresa portuaria de capitales ingleses que comenzó a principios de 2012 trabajos preparatorios para lo que ya es la mayor tarea de remoción de barros contaminados en la historia del país".

Según Tonelli, los trabajos se desarrollan "en la mismísima desembocadura del Riachuelo y consisten en la remoción de aproximadamente 1.000.000 de metros cúbicos de sedimentos y su vuelco posterior, sin tratamiento ni control alguno, a cielo abierto en el Río de la Plata y sus costas, del cual nos abastecemos de agua potable millones de argentinos".

"Esos sedimentos que se remueven del lecho del río -especificó el titular de esta asociación ecologista- están altamente contaminados con metales pesados, como el plomo, el zinc, el cromo y el arsénico, y son extraídos en aguas que tienen oxígeno cero". 

"Todo esto no sólo es contrario a los parámetros que regulan el dragado en la Hidrovía (Río de la Plata) sino que además consta claramente en un informe de laboratorio de la UBA, que se encuentra en conocimiento de la Justicia", agregó Tonelli y remarcó: "este tipo de obra jamás hubiese sido aprobada en Inglaterra".

"Se está consumando un escándalo ambiental mayúsculo, con severas implicancias en la salud de la población en la cuenca del Riachuelo y en el Río de la Plata" resaltó Tonelli. "Nuestra Asociación -agregó- lo denunció hace más de un año. Sin embargo todos miran para otro lado".

Según Pro Aguas Limpias, el trabajo encarado "es ilegal, porque viola la Constitución Nacional (art. 41), Tratados Internacionales, la Ley General del Ambiente 25675 y la Ley de Residuos Peligrosos 24051, entre otras normas". "En enero de 2012 -relató- denunciamos ante ACUMAR y OPDS esta situación, sin que esos organismos hayan adoptado medida alguna. 

"Hay gran pasividad de los organismos de control, ya que existen informes tecnicos elaborados por la universidad pública de irrefutable contundencia", agregó Tonelli y concluyó: "Aún puede evitarse una catástrofe ambiental, aunque cada hora que pasa es desesperadamente crítica".