Publicado: 22-09-2011 
  
Capital Federal.- Se trata de Alan Martín Nessi, de la asociación Unidos por la Justicia, una ONG creada por Francisco de Narváez y cercana al PRO. Respondió correctamente las preguntas, pero correspondían a un cuestionario desechado.

Un concurso para cubrir 17 vacantes de fiscal en la Ciudad de Buenos Aires terminó envuelto en un escándalo debido a las serias irregularidades detectadas en el examen de ingreso de un aspirante proveniente del riñón de la Fundación Unidos por la Justicia, afín al macrismo. El llamado 42/2010 fue convocado para cubrir cargos de fiscal en la Justicia de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas, y más de 500 aspirantes fueron los que se postularon. El pasado 5 de agosto tuvo lugar la prueba escrita que se llevó a cabo en las aulas de posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. En ese test, de los dos casos prácticos tentativos para que sean resueltos por los concursantes, uno quedó descartado mediante un sorteo. La consigna, entonces, fue tema único para todos.

Pero la sorpresa llegó cuando los jurados encargados de corregir las pruebas escritas advirtieron que uno de los participantes había resuelto el tema que había sido descartado, con respuestas sobresalientes. Allí entonces comenzó la sospecha de que el material había circulado con anterioridad a la prueba, y que al menos uno de los aspirantes no había tenido la prudencia de entregar el tema correcto. Alan Martín Nessi, presidente interino de la asociación Unidos por la Justicia, fue quien entregó su examen bien completo pero con el tema equivocado. La ONG fue creada por el diputado y actual candidato a gobernador bonaerense Francisco de Narváez, pero eso no impidió que en los últimos años acumulara casi medio millón de pesos en aportes por parte de la gestión PRO. Creada además por el diputado Gustavo Ferrari y por el fiscal general porteño Germán Garavano, de la entidad son socios varios jueces, fiscales, funcionarios macristas y políticos. Desde 2007, la ONG asesoró al Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad aunque su rol no estuvo exento de denuncias por parte de la Auditoría General porteña.

Aunque no pudo establecerse si Nessi conocía de antemano y llevaba completos los dos modelos de examen, la posibilidad de que le fuera entregado por error el tema descartado fue desechada. Según testigos, existieron precisas indicaciones verbales dadas por el personal del Consejo de la Magistratura durante el desarrollo de la prueba que tendieron a enmendar y aclarar algunos errores que sólo tenía el tema efectivamente repartido.

Garavano, a fines de 2009 y en su rol de fiscal general había autorizado que Nessi viajara a los Estados Unidos para asistir a un curso de "análisis y observación" sobre el sistema judicial de ambos países. Como subdirector del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, se lo autorizó mediante la Resolución 366 de 2009 a trasladarse a la ciudad de Tampa desde el 28 de noviembre al 5 de diciembre con un paquete de viáticos superior a los 11.200 pesos. Nessi guarda lazos de amistad también con Carlos Alberto Mahiques, uno de los jurados designados por la Resolución 32/2010 para evaluar el llamado a concurso para cubrir las 17 vacantes. Juntos habían sido jurados en el concurso número 9 de la Ciudad, designado para cubrir el cargo de "analista investigador", y han compartido la autoría de trabajos académicos, lo que se consigna como información de público acceso. Mahiques tampoco se excusó de participar como evaluador de Nessi a pesar de que ambos también compartieron conferencias y actividades académicas, algunas en la misma sede de Unidos por la Justicia.

La cercanía de Nessi con Garavano por medio de la participación de ambos en Unidos por la Justicia, vuelve relevante la transferencia de delitos –recientemente aprobada– para que los nuevos fiscales intervengan en casos tales como cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, prevaricato y falsificación de documentos, entre otros. El proceso penal en la ciudad le otorga al fiscal un rol preponderante en el direccionamiento e impulso de las investigaciones.