El proyecto de seguridad es el resultado de una de las dos temáticas abordadas por los alumnos de las escuelas que participaron de la sexta edición del Programa Escuela de Vecinos. Las consideraciones surgen de las entrevistas que los jóvenes realizaron en las comunas y en el Centro de Monitoreo Urbano, las reuniones con distintas organizaciones sociales, con legisladores y funcionarios, entre ellos, al jefe de la Policía Metropolitana.


El Programa es organizado por la Fundación Éforo, en conjunto con la Vicaría de Educación de Buenos Aires, en el marco de la Ley 2169 Ciudad Educativa, y cuenta con la adhesión del Instituto de Diálogo Interreligioso y de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC).

El grupo de estudiantes secundarios que integró la Comisión Seguridad descubrió que uno de los motivos que contribuye a que la inseguridad siga afectando a los vecinos de la Ciudad es “la ausencia de control sobre el accionar policial desde áreas ajenas”, es decir, de una supervisión externa que evalúe cómo ejecutan su labor las fuerzas de seguridad. Frente a ello, “sugirieron la creación de una auditoría externa que permita controlar y examinar a los efectivos policiales”, permitiendo la regulación del funcionamiento y del accionar de la Institución Policial.

Los jóvenes también se pusieron en contacto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, donde le proporcionaron la encuesta de victimización realizada en 2009. Allí se ve que “el 77% de los entrevistados (víctimas de lesiones, ataques o amenazas) manifestó que no realiza la denuncia ante un hecho delictivo” y que solo “el 20,7% lo hace ante la policía”. Entre los motivos se destacan “las demoras en las comisarías, la desmotivación ante la ausencia de un accionar concreto por parte de las fuerzas y la disuasión de algunos agentes para que los vecinos no las efectúen”.

En este sentido, los participantes del programa propusieron que “en los Centros de Gestión y Participación (CGPC) de cada comuna funcione una Fiscalía donde los ciudadanos puedan realizar las denuncias”, enriqueciendo la información con la que se confecciona el Mapa del Delito de la Ciudad de Buenos Aires. Esta propuesta tiene como objetivo “crear instancias de denuncia ajenas a la Institución Policial, fomentado su realización y la agilización del trámite”.

Además, sugirieron a los legisladores que en los distintos CGPS y comisarías “se coloquen computadoras con sensores táctiles, que tomen las huellas digitales de la persona que realiza la denuncia” para que se le genere un código que “le permita realizar el seguimiento de la misma mediante el sitio web del Gobierno de la Ciudad”.


Otras propuestas

La Comisión de Seguridad consideró “imprescindible -conseguir- una coordinación entre las fuerzas policiales para poder diagramar estrategias de seguridad en conjunto”, dado que “la falta de confianza en la Institución policial por parte de los ciudadanos, la poca presencia y mala distribución de los agentes en las calles, la ausencia de coordinación entre la Metropolitana y la Federal, y las diferencias de salario entre ambas –fuerzas-”, son hechos que influyen en inseguridad.

También propusieron la “ampliación de corredores escolares seguros para todos los colegios, públicos y privados, de la Ciudad” y “la mejora del dictado de cursos de capacitación para los efectivos policiales, sus recursos salariales y el sistema de incentivos”.

En relación a la Encuesta de Victimización, detectaron que aunque debe realizarse todos los años y publicarse en la página web del Gobierno de la Ciudad, “el único sondeo disponible es de 2007”. Además de comentarles la situación a los legisladores, quienes se comprometieron a verificarlo, los jóvenes incluyeron en la propuesta “incluir en los relevamientos de victimización a los menores de 16 años y a aquellos que estén -sólo- de tránsito por los barrios porteños”.

La encuesta de 2009, aportada por el Ministerio de Justicia y Seguridad frente al pedido de los participantes de Escuela de Vecinos, expresa que “el delito más frecuente es el robo o hurto”. Los alumnos observaron que el más común es el de celulares y señalaron que no hay un “control adecuado sobre el mercado de venta ilegal”, aunque hay un Proyecto de Ley desde 2010, titulado “Registro de Compra – Venta de celulares usados”, que aún no fue aprobado. En este sentido, solicitaron “que se apruebe o reconsidere el Proyecto” ya que “ayudaría a controlar el trafico de celulares robados”.

Por último, detectaron que a partir de 2007 existen Unidades de Orientación y Denuncias (UOD), cuya principal función es la de “garantizar el efectivo acceso a la Justicia de los habitantes de la ciudad, para canalizar sus reclamos”.

Actualmente, “está funcionando sólo en 7 de las 15 comunas”, cuenta con un número telefónico para hacer las demandas y consultar derechos y garantías (0800-333-47225) y una página web. Al respecto, los chicos señalaron “la necesidad de difundir la existencia de las UOD con el objetivo de disminuir las diferencias que existen entre los delitos producidos y los denunciados y para que –también- los vecinos tomen conciencia sobre sus derechos y los hagan valer”.

Los proyectos de seguridad y alimentación elaborados por los jóvenes fueron escuchados por Victoria Morales Gorleri y Cinthia Hotton , diputadas del PRO, Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica, Rafael Gentilli, de Proyecto Sur, el Secretario General de APOC, Hugo Quintana y el rabino Sergio Bergman. Además, la jornada fue abierta por el actual presidente de la cámara, Oscar Moscariello.