La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó que la empresa Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (SOESA), que maneja el servicio del ferrocarril Belgrano Cargas, comete “faltas muy graves” en sus prácticas operativas, pero no son sancionadas porque no se acordó un régimen de penalidades. Estas infracciones no sancionadas, la “negligencia del personal” y la falta de mantenimiento de las vías y los trenes, generaron cientos de accidentes.

El contrato de operación firmado entre el Estado Nacional y SOESA “no dispuso un régimen de penalidades”, por lo tanto, desde su creación en 2007, la empresa no fue multada por las faltas cometidas durante el servicio y no lo será hasta que no se establezca el sistema de sanciones. Frente a esta situación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) constató irregularidades, como por ejemplo las de 2007: “trenes con locomotoras que aún no tenían terminales del sistema satelital, siendo autorizadas a circular sin respetar los protocolos de seguridad previstos en el Reglamento Técnico Operativo y trenes circulando sin la debida autorización del uso de vía”.

Estos y otros incumplimientos ocasionaron accidentes, entre los cuales se destacan los producidos en 2007: “13 descarrilamientos ocurridos por exceso de velocidad, 26 descarrilamientos ocurridos por frenadas bruscas y otras falencias “producidas por negligencias y descuidos del personal de conducción en el desempeño de sus tareas”.

La AGN señaló que “el operador no cumple con los ciclos de mantenimiento especificados en cantidad y calidad”, tanto para la infraestructura como para el material rodante, “siendo -esto- causal determinante en la generación de accidentes”. En el Belgrano Cargas “se denunciaron 159 casos de descarrilamiento, en 2006, de los cuales el 22,64% fueron debido a fallas en las locomotoras”, agregó el organismo. Durante 2007 y 2008, la CNRT efectuó inspecciones al material rodante y observó “deficiencias de gravedad en varios vagones, irregularidades técnicas que impiden el funcionamiento de las unidades en condiciones de seguridad”.

Paralelamente “se constataron infracciones” cometidas por SOESA, pero “la sanción fue impuesta a la empresa Belgrano Cargas S.A.”, ex operador del servicio. Esto se debe a que “el contrato de concesión con la empresa Belgrano Cargas S.A. aún se encuentra vigente y en proceso de terminación”. Sin embargo, el organismo de control manifestó que “resulta equívoco que la empresa Belgrano Cargas S.A. sea responsable por los incumplimientos contractuales imputados, ya que ésta ha sido sustituida en la ejecución del objeto principal del contrato y demás obligaciones por SOESA”.

En este sentido, la Auditoría explicó que en 1999 la empresa Belgrano Cargas S.A. recibió la adjudicación del manejo del servicio ferroviario General Belgrano. En 2006 “se declaró el estado de emergencia de la empresa” y un año después “se celebró un convenio entre el Estado Nacional, Belgrano Cargas SA y la Sociedad Operadora de Emergencia SA (SOESA), para confiarle a esta última, la operación y explotación de emergencia de los servicios de cargas  pasajeros”.


“Readecuación” de costos sin aprobación

Según el informe, aprobado este año sobre datos del período 2006-2009,  el “operador debe notificar a la Secretaría de Transporte las variaciones de los costos de explotación” para su posterior “adecuación”. La AGN detectó que se autorizaron gastos mayores a los previstos para el período auditado, aunque la propuesta de readecuación de costos no había sido aprobada por la Secretaría. Cabe señalar que dicha dependencia “autoriza regularmente gastos mayores” a los previstos en el Acuerdo de Operación, aunque a la fecha de cierre del informe “sólo aprobó la primera rendición mensual de cuentas”.


Tarifas y financiamiento

El responsable de la Secretaría de Transporte le dijo a la Auditoría que “como no existe un marco regulador que defina los valores tarifarios” del servicio del Belgrano Cargas, los mismos “se dan de forma discrecional”. Cabe señalar que los recursos para financiar los costos de explotación se encuentran a cargo del Estado. El informe expone “un desequilibrio entre los ingresos percibidos por las tarifas (durante el período auditado) $ 163.743.700 y los subsidios $ 766.938.000, representando los primeros -las tarifas- solo el 21,30%” del total de los costos de la empresa. Es decir, casi el 80% de los ingresos para cubrir los costos de explotación proviene del Gobierno Nacional.

No obstante, la AGN asegura que el Estado “no cumplió regularmente con la transferencia de fondos al Operador” y, tal situación, “dificultó el cumplimiento de los objetivos previstos”. De ocho fechas expuestas por el organismo de control, solo en cuatro de ellas se depositó el monto previsto, incluso, una vez, de los $22.557.000 se depositó nada más que $ 6.426.156.