La Auditoría General de Salta elaboró un informe a pedido de la Cámara de Diputados local sobre la labor de las empresas a cargo de la explotación de los lotes fiscales 35 y 36 en el departamento de Anta. En él señaló que la firma “no efectuó las inversiones previstas sobre forestación”. Las personas que viven y trabajan en esas tierras generan daños ambientales severos y, por su parte, el Gobierno Provincial no realiza los “controles ambientales periódicas”.

La Sociedad Anónima Salta Forestal se creó en diciembre de 1974 para “aprovechar integralmente -por 50 años- los bosques de dos lotes fiscales ubicados en el departamento Anta, garantizando una explotación racional de los recursos naturales, generando puestos de trabajo y la movilización de riquezas inexploradas”. En 1999 se privatizó la empresa, mediante Licitación Nacional e Internacional, “con el fin de otorgar la concesión de la explotación”, siendo adjudicada a la firma Ecodesarrollo S.A., que en 2003 cedió parte de sus derechos y obligaciones a Agropecuaria Cevera S.A.

Según el Pliego de Bases y Condiciones, “las auditorías ambientales –debían realizarse- como máximo cada tres años”. De los resultados obtenidos, “dependía la continuación, o no, de la concesión”. El informe de la Auditoría salteña, aprobado en mayo de este año, confirmó que “no se controló” durante el período auditado (2001-2008). En tanto, aseguró que la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Economía de Salta) no cumplió con su rol de velar por la ejecución de las tareas de control y no hubo evidencia de que exigiera el cumplimiento de las obligaciones de las empresas.

Posibles daños económicos al Estado. Los auditores fueron testigos de que en los terrenos “la relación entre los pastajeros (personas que, bajo contrato, ocupan y explotan una propiedad) y los concesionarios es altamente conflictiva”, incluso, los primeros iniciaron acciones legales. En consecuencia, los arrendatarios “continúan llevando criando y alimentando a su ganado mediante los tradicionales métodos de ‘pastoreo’ que generan daños ambientales severos”, por ejemplo, afectan “a especies muy sensibles como el quebracho colorado”, cuya renovación “requiere de un período de entre 8 y 10 años”. El organismo de control alertó que “de mantenerse esta situación, la futura evolución del emprendimiento puede arruinarse ocasionando graves daños económicos al patrimonio del estado provincial”.

La AGP Salta señaló que “no efectuaron las inversiones previstas para la forestación” y que además, ambas empresas “realizaron inversiones en exceso en algunos rubros -mientras que-, en otros, no hicieron ninguna o la efectuaron en menor medida, sin modificar el monto total de sus financiaciones”. Es importante señalar aquí que estas alteraciones “se hicieron sin la autorización de la provincia”, contrariamente a lo marca el contrato de concesión.

Los auditores también informaron que los concesionarios “no realizaron obras hidráulicas que tiendan a maximizar el aprovechamiento de los excesos de agua de lluvia, ni mejoraron la infraestructura para el uso ganadero y de riego”. Sobre este punto, el organismo de control volvió a informar que “la Autoridad de Aplicación no dio documentación relacionada con la obligación de ejercer el control y de exigir el cumplimiento de la ejecución de estas obras por parte de las empresas”, es decir, volvió a fallar en su rol de supervisor.

En la inspección que llevó adelante la Auditoría, “no se obtuvo evidencias que permitan comprobar el cumplimiento, por parte de los concesionarios, de las obligaciones respecto al desarrollo de actividades de ecoturismo”, ni “de la realización de actividades relacionadas con artesanías” en la zona norte, ni “con el empleo de energía no convencional” en la zona sur de los terrenos.