La Auditoría General de la Nación (AGN) concluyó que “La Prefectura Naval Argentina (PNA) cumple con su misión” en materia de prevención de contaminación por hidrocarburos provenientes de buques o maquinaria naval. Además, recomendó “continuar con el control preventivo, que hasta el presente demostró resultados positivos”.

En su informe aprobado este año, la AGN reconoció el buen desempeño de la Prefectura al constatar que “en las estadísticas mundiales la Argentina no es mencionado en el rubro de derrames o accidentes ambientales provocados por el esparcimiento de hidrocarburos en el agua”. Si bien el organismo de control reconoció que el país no está dentro de la `ruta del petróleo´, las aguas bajo la jurisdicción del ente auditado tienen distintos grados de sensibilidad por lo que “necesitan un control permanente a fin de evitar problemas de contaminación”.

Respecto a las inspecciones, la Auditoría recomendó “continuar con los mecanismos preventivos ya que hasta el presente demostraron buenos resultados”. Asimismo, señaló que la prevención de la contaminación ambiental por petróleo viene en ascenso dado que “el crudo cada vez cobra más importancia como principal recurso energético del planeta”. De todas formas, como dato color, los auditores descubrieron que  “la preocupación de la Prefectura por la contaminación de aguas tiene sus orígenes en junio de 1810, cuando el primer Capitán del Puerto, el Coronel Martin Jacobo Thompson, dictó reglamentos relativos a la construcción de buques y a la prohibición de arrojar lastres al agua”, entre otras cuestiones.

Algunas observaciones

Junto al buen desempeño de la Prefectura, el informe hace algunas consideraciones respecto al trabajo de la PNA. Una de ellas está relacionada con la “falta de mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en materia de preservación y protección del ambiente”. Es que, según la ley 25.675, “todas las personas tienen derecho a opinar sobre la autorización de las actividades que puedan generar efectos negativos sobre el ecosistema”. Además, “las autoridades deben garantizar esas instancias de consulta o audiencia pública”. No obstante, el organismo de control reveló que la Prefectura no lo hizo.

La AGN indicó que “la PNA le da mucha importancia a la capacitación del personal en sus distintos escalafones”, por ejemplo, a todos los suboficiales les exige que tengan el secundario completo,  y a su vez, “fomenta tanto la formación interna como la externa” a través de cursos de los que también participan becarios extranjeros. Los auditores expresaron que “todo este esfuerzo de instrucción indirectamente afecta, de manera negativa, al buen desempeño de tareas, ya que la rotación del personal hace que quienes estén capacitados en temas de protección ambiental sean destinados a otras tareas en la institución y se deba proceder a la formación de un nuevo agente”.

En cuanto a la función de inspección que desarrolla la PNA, la Auditoría Nacional destacó que, “al llevar adelante las tareas con un plantel de 28 oficiales se corre el riesgo de que “la repetición de inspectores en empresas y localidades pueda repercutir en la objetividad e imparcialidad del trabajo”. Para sustentar su observación, la AGN aseguró que “en las inspecciones a las firmas a cargo de oleoductos costeros o monoboyas hay un inspector que concentra más de la mitad de las verificaciones, puntualmente el 57%”, y en las compañías que gestionan puertos “sólo tres inspectores reúnen el 58% de los controles”.

Los auditores efectuaron las tareas de campo entre marzo y septiembre de 2010, y en ese período, uno de los lugares que visitaron fue la Estación del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental (SIPA) del complejo Portuario San Lorenzo – Puerto San Martín, en la provincia de Santa Fe. Allí comprobaron que “la estación actúa como cuartel de Bomberos del Municipio alejándose así de sus funciones especificas” relacionadas con accidentes ambientales. En el informe se detalla que existe, por parte del SIPA un “fuerte apoyo al servicio de bomberos local en eventos de la jurisdicción del municipio de San Martín”, como por ejemplo en incendios y accidentes viales.