La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) analizó sólo una pequeña porción del Programa de Inclusión Escolar del Ministerio porteño. Pese a la poca información que recibió, el organismo detectó que no había control para los conductores que trasladan a personas con discapacidad, que van a escuelas públicas, en el marco de este programa.

Como organismo de control, la Auditoría debe tener acceso a la información que requiera. Pero en este caso no fue así, sólo recibió el detalle de $2 millones (el 12%) de los $17.079.533 que había pedido analizar sobre las contrataciones del Programa para el alquiler de automóviles, el servicio de transporte, el alquiler de predios, alimentos y locación de servicios. La información recibida sólo le permitió auditar lo relativo a la contratación del servicio de transporte para el traslado de niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

El informe de la AGCBA, aprobado este año sobre datos de 2010, señala que “sólo se exige como obligación de los oferentes -para la prestación del servicio de transporte-, la presentación de declaraciones juradas sobre la cantidad de vehículos” con los que cuentan. Es decir, el único requisito para ser contratista del servicio de transporte es aclarar formalmente de cuántas combis dispone. El organismo auditor aseguró que la “fiscalización y el control de las obligaciones de esos adjudicatarios resultan insuficientes y en algunos casos inexistentes”, ya que “la estructura de control se sustenta en declaraciones juradas realizadas por los oferentes que no son contrastadas a través de inspecciones oculares”.

El informe también indica que no se exigen, por ejemplo, los “certificados de antecedentes penales de los conductores y celadores”. La Auditoría agregó que tampoco “hubo constancia de que la Comisión de Evaluación de Ofertas haya pedido los informes sobre la aplicación de multas, penalidades y/o incumplimientos de los oferentes, previo a la preadjudicación”. De hecho, el 100% de las ofertas para cubrir el servicio de transporte carecía de “evidencias que den cuenta de la inspección técnica” de las unidades declaradas.  

Al momento en que la empresa empieza a prestar servicios, el pliego de bases y condiciones establece la inspección de los vehículos, pero no especifica qué área debe realizar la mencionada inspección, por lo que esta función quedó  “delega en los establecimientos escolares”, como así también la “verificación de la documentación relacionada con los conductores”. Según la AGCBA, además, por la falta de mecanismos de verificación mencionados de las declaraciones juradas aportadas por los contratistas, “no se prevé la posibilidad de aplicar penalidades en el caso de comprobar falsedad de datos”.

Según lo expresado en el informe, la Auditoría Nacional no recibió toda la información requerida: “No se pudo estudiar el 88 % de la muestra” sobre las contrataciones del Programa Vacaciones en la Escuela 2010 y de la Dirección Operativa de Extensión Educativa y Recreativa, es decir, no pudieron analizar $15.031.523 del monto total ($17.079.533) que representaban los expedientes seleccionados.

Solo fueron otorgados dos de los cinco expedientes requeridos por la Auditoría porteña, (Alquiler de Automóvil/Servicio de transporte y Locación de Servicios) y un tercero (Alquiler de predios), fue “entregado en fotocopia sin certificar”. Por lo tanto, el organismo de control concluyó que “no se pudo realizar una análisis completo y un adecuado control del proceso de contratación”.