Publicado: 23-02-2014

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), el radical Leandro Despouy, recordó esta semana que el Poder Ejecutivo Nacional "ignoró" informes de ese organismo que hacían presumir accidentes como el del 22 de febrero de 2012. Esa es la hipótesis fundamental de la acusación de la Fiscalía respecto de los funcionarios, ex funcionarios y ex operadores de la ex línea Sarmiento en el juicio que el 18 de marzo comenzará en los tribunales federales de la avenida Comodoro Py.

"El hecho de que se desatendieran observaciones, se omitieran tareas de mantenimiento y que estos incumplimientos no fueran sancionados dieron un marco propicio para que ocurrieran tragedias", dijo Despouy en un resumen de los informes que la AGN hizo en la última década.

El trabajo se basó no sólo en la tragedia de Once sino también en los accidentes ocurridos un año antes en Flores y tiempo más atrás en Zanjitas, San Luis. Esos informes de la AGN fueron el punto basal de la acusación del fiscal federal Federico Delgado para imputar a ex funcionarios por su responsabilidad en las muertes de Once. Este fiscal había detectado las mismas irregularidades por parte del Estado a propósito de un accidente ocurrido en la ex línea Roca la década pasada, cuando era operada por el empresario Sergio Taselli.

Entre quienes se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del mes que viene se encuentran los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime –investigado en otras causas, una de ellas por presunto enriquecimiento ilícito– y Juan Pablo Schiavi. En total hay 26 imputados y declararán más de 200 testigos. Uno de los argumentos de las defensas de los empresarios de TBA será que el subsidio que otorgaba y otorga el Estado en el valor del viaje es para los pasajeros y no para los administradores de la firma, según recalcan, reza en los boletos.