La Sindicatura General Municipal detectó largas demoras en el procedimiento para investigar a los contribuyentes del Derecho de Registro e Inspección, determinar deudas y cobrarlas, tanto en su fase administrativa como judicial.

El informe de auditoría Nº 9 centró su atención en el Departamento de Verificaciones Externas, dependiente de la Dirección de Rentas de la Secretaría de Hacienda y Economía, pero también posó la lupa sobre el accionar de Fiscalía Municipal. Se realizó entre los meses de julio y agosto del año pasado y, como muestra, tomó 43 cargos de inspección de las 328 verificaciones integrales iniciadas durante 2006, 2007 y 2008.

El monto total de dinero de los 328 cargos de inspección ascendía a $ 7.401.020. Algunos contribuyentes no habían recibido aún ninguna visita por parte de los inspectores (25); de otros sólo se habían cargado algunos datos obtenidos en la primera visita (sólo 6). También se detectaron grupos a los que ya se les había determinado la deuda (77), otros que la habían saldado (44) o fijado la forma de pago (95) y algunos con título ejecutivo emitido (31).

La muestra analizada, cuya selección se realizó a criterio con población estratificada por estado de verificación y no es representativa, arrojó un monto total de $ 4.054.330, por lo que se desprende que la mayoría pertenecía al grupo de grandes contribuyentes.

Los resultados

En el informe, la Sigem observó varias falencias a lo largo de la cadena que se inicia cuando el cuerpo de verificadores se presenta en un comercio para iniciar una investigación.

Incluso antes. Por ejemplo, detectó que no existe una planificación escrita de las verificaciones a realizar; que existen demoras en la ejecución de las verificaciones integrales y en la emisión de títulos ejecutivos de deuda y que hay atrasos en la actualización del sistema de verificaciones externas lo cual no torna confiable la información suministrada.

En los casos en que el contribuyente presenta un recurso de reconsideración, la Sindicatura advirtió que no se cumple con lo establecido en el Código Tributario Municipal referido al plazo para dictar la resolución que declare la admisibilidad o no de ese recurso, 15 días hábiles. Notó, además, que existen demoras por parte de Fiscalía en la resolución de los recursos de reconsideración y atrasos por parte del Departamento Apremios en la asignación de los títulos a los abogados ejecutores.

Abogados lentos

La Municipalidad cuenta con un cuerpo de ejecutores fiscales, compuesto por 32 abogados de planta permanente. Los mismos poseen un Reglamento Interno aprobado por el decreto 856/06, donde se establecen derechos y obligaciones que, según advierte el informe de auditoría, actualmente no se cumplen, lo cual conlleva a serias dificultades para el cobro de las deudas.

Al respecto se observaron demoras en la iniciación de los juicios de apremios ante los juzgados competentes; de 11 títulos ejecutivos de Drei analizados -los cuales suman $ 1.083.298- no se trabaron medidas cautelares y demoras en la tramitación de los juicios. Por último, se observó que no se ingresan los datos en el sistema de registro de seguimiento de los juicios, lo cual impide ejercer el control pertinente.