Publicado: 12-02-2014

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El punto más crítico de la extensa auditoría advierte que el programa no pagó alrededor de $150 millones en aportes previsionales a los trabajadores, según fuentes que participaron en la investigación. "Los empleados del programa de construcción de viviendas estaban básicamente en negro", advierten desde la auditoría. Desde 2011, tras el alejamiento de los Schoklender de la Fundación, a quienes se investigó por el desvío de fondos públicos, trabajadores de Sueños Compartidos reclaman el pago de haberes y aportes previsionales adeudados. El reclamo se mantiene activo a tal punto que en enero hubo 120 obreros despedidos que protestaron en Chaco. 

"El informe tiene muchas observaciones de irregularidades y confirma todo lo dicho hasta hoy", adelantan fuentes que participaron en la elaboración del documento. 

El informe que presentará hoy el presidente de la AGN, Leandro Despouy, advierte una falla que alertó en otro informe sobre el plan de obras de la organización kirchnerista Tupac Amaru. La auditoría indica que en el circuito de pagos, en la mayoría de los casos, se violentaron las normas del Banco Central al cobrarse cheques en montos fraccionados menores o iguales a $50 mil. De esa manera, sostienen en la auditoría que se pierde el rastro de la plata y dificulta la verificación de que los cheques hayan sido aplicados integralmente a los fines convenidos.

El trabajo de campo se realizó hasta 2011 y analizó las viviendas que se realizaron en las provincias de Chaco, Santiago del Estero; en la ciudad de Rosario; en los distritos bonaerenses de Ezeiza y Tigre; y en la Villa 15 y Castañares y General Paz de la Ciudad de Buenos Aires.
La AGN apuntó que en el plan de "Sueños Compartidos" falta la escrituración de viviendas que ya están habitadas. El programa de viviendas debía entregar la vivienda e instrumentar la escritura ni bien se concluye la obra. 

También analiza el aspecto técnico y advierte deficiencias en la construcción de las viviendas como en el plano administrativo, en relación a la falta de una licitación para que la Fundación Madres de Plaza de Mayo se encargue de la construcción de viviendas sociales. 

A pesar de que la auditoría se realizó en 2011, recién se aprobó en diciembre pasado por las demoras para ver documentación por la causa judicial en trámite. Los auditores ya le enviaron el escrito al juez federal Norberto Oyarbide que investiga que investiga irregularidades en la asignación de los $765 millones que la Fundación Madres de Plaza de Mayo recibió del Gobierno. La causa se inició en mayo de 2011 tras el alejamiento de los Schoklender de la Fundación, y a raíz que se habrían desviado fondos públicos que recibían las Madres.