Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), hubo municipios afectados por la contaminación del Riachuelo que demoraron casi dos años en rendir cuentas de las transferencias de fondos que recibieron para llevar adelante las tareas de saneamiento.

El trabajo, que analizó las gestiones realizadas durante el primer semestre de 2012 y fue aprobado el año pasado -Resolución 103/2013-, señaló que las comunas de Almirante Brown y Las Heras tardaron 23 meses en justificar el destino de los fondos enviados por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

No obstante, estas dos comunas no fueron las únicas que se atrasaron en detallar el uso que hicieron de las transferencias. Dice la AGN: “Todos los municipios (involucrados) han sido intimados en algún momento a la presentación de las rendiciones de cuentas”, aunque no se registraron penalidades por esos retrasos.

En ese sentido, la investigación detalló que, al momento del cierre de las tareas de campo, “quedaban sin rendir un 24% del total de las transferencias realizadas, por un monto de $ 4.388.125”.

Las obras (y los feriados)

Respecto del avance físico de las obras analizadas en este informe, la Auditoría nacional observó que habían finalizado en su totalidad, y agregó que sólo restaba la cesión de esos emprendimientos a Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) para su administración, uso y puesta en funcionamiento. 

Los trabajos fueron inspeccionados por el Comité Ejecutor Matanza Riachuelo (CEMR) y por la propia AySA, desde donde se afirmó que “no se adeudan labores por realizar”.

Asimismo, al analizar el avance financiero de estas obras, los auditores detectaron que las empresas estarían habilitadas para calcular las redeterminaciones de precios hasta la fecha del “Acta de Recepción Provisoria”,  algo que finalmente no ocurrió. ¿Qué consecuencia tiene esta situación? La AGN afirmó que “no se puede determinar el valor final de las obras ni su pasivo definitivo”.

En otro pasaje de su investigación, el organismo de control cuenta el caso de la construcción de un cerco perimetral pensado para proteger unas obras que se iban a realizar en Lanús, puntualmente un parque industrial curtidor, una ribera comunitaria y una planta de tratamiento de efluentes cloacales.

Según la AGN, si bien el convenio para llevar adelante el emprendimiento (firmado entre la Municipalidad de Lanús y la ACUMAR) databa de julio de 2009, para octubre de ese año la obra no se había ejecutado. Por eso, la Jefatura de Gabinete adjudicó en forma directa el proyecto a la empresa Covelia (vinculada a la gestión de los residuos urbanos en varias comunas bonaerenses).

Finalmente, las obras se iniciaron en enero de 2010 y terminaron en abril de 2011, registrando un atraso de once meses con respecto a los tiempos previstos. Dice la Auditoría: “Las demoras se debieron a varios factores, mencionados en los memorandos elevados a la Subsecretaria de Recursos Hídricos, como ser la intrusión de vecinos, agresiones físicas en el lugar, el clima y días no laborables”.

Otro informe, más demoras

La Auditoría General de la Nación aprobó, también el año pasado, otro informe (Resolución 82/2013) en el que se detectaron distintos incumplimientos relacionados a las rendiciones de cuentas. Por ejemplo, ausencia de requisitos formales, inconsistencias en las planillas de rendiciones y falta de evidencia de tareas de control por parte de la Unidad de Gestión. 

A partir de estos hallazgos, el organismo de control consideró el proceso de rendición de cuentas como “irregular”, y en particular, los programas 44 “Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”, y 45 “Fortalecimiento Comunitario del Hábitat”, presentan un “alto grado de incumplimiento”. 

Otra falencia observada por los auditores, en cuanto la labor de los municipios, está relacionada con la “obligación de individualizar la cuenta bancaria receptora de fondos en función de los programas y acuerdos suscriptos”. Es que se advirtió que las Comunas reciben en una misma cuenta los fondos destinados a distintas iniciativas.

Las obras y los atrasos

La Resolución 82/2013 de AGN también analizó los emprendimientos realizados en el marco de las tareas de saneamiento. En su tarea, el organismo de control auditó 77 proyectos y concluyó que, de ese total, el 18% no habían comenzado al momento del análisis, mientras que entre los que sí estaban en marcha, el 56% presentaba atrasos de 16 meses en promedio. 

Entre las obras no iniciadas aparece la construcción de 300 viviendas en Avellaneda, pese a que el proyecto ya disponía, al momento de la investigación, de un avance financiero del 16%. Algo parecido ocurrió, en el mismo distrito con las tareas vinculadas al mejoramiento de 500 viviendas que, por su parte, tenían un avance financiero del 19%.

En Merlo, tampoco se iniciaron los trabajos para mejorar unas 23 viviendas, aunque la comuna había recibido un avance financiero del 50% del presupuesto previsto. 

Como nota color, vale agregar que se dispuso un avance financiero del 100% para la construcción de un refugio para colectivos en la Matanza, pero los trabajos no habían comenzado cuando la AGN realizó su investigación. 

Por otra parte, se advierten atrasos en la mayoría de las obras previstas para la Ciudad Autónoma de Buenos Ares, puntualmente para unas 330 viviendas, con retardos que van desde los 21 hasta los 38 meses, unos 1.140 días, y avances financieros, en todos los casos, del 48% de los presupuestos estipulados.