El primer mes del año fue de los más acalorados de los últimos tiempos. No solo por las altas temperaturas que se registraron a lo largo y a lo ancho del país sino por los incendios que se generaron en diferentes puntos de la Argentina. En Neuquén, las llamas afectaron 6.500 hectáreas del departamento de Aluminé; en La Pampa, se quemaron alrededor de 60 mil hectáreas; en Sierra de la Ventana tres incendios provocaron la pérdida de 74 mil hectáreas y en Claromecó el fuego arrasó el 90% de la vegetación del bosque local.

Desde 1996 hay un Plan Nacional de Manejo del Fuego (PNMF) que está bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y que tiene como objeto “intervenir en los casos de incendios que excedan la capacidad de respuesta de una provincia o parque nacional siempre que la jurisdicción así lo pida”. La Auditoría de la Nación evaluó el plan y detectó que “no posee una planificación estratégica” ni un “diagnóstico integral que refleje la realidad de cada región del país”.  

Según los datos aportados por la Secretaría en cuestión, durante 2011 “hubo 6750 incendios forestales en todo el país” de los cuales el 40,58% fueron intencionales, el 33,23% por causas desconocidas, el 22,37% por negligencia y solo el 3,82% por causas naturales.

Es llamativo que más de la quinta parte de las llamas se inicie por  algún descuido u omisión del hombre y que sin embargo el Plan “no cuente con una campaña nacional de difusión y concientización sobre la importancia de evitar incendios forestales”. 

Tampoco es un dato menor el alto porcentaje de siniestros cuyo origen se desconoce y la baja incidencia de la naturaleza en el origen de los incendios en nuestro país.

Los auditores manifestaron que “no hay una metodología que permita evaluar el daño producido por los incendios”, ya sea sobre el suelo, la flora y la fauna o los bienes culturales, urbanísticos y arqueológicos. Esto ocurre pese a que en la guía de auditoría sobre bosques de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) se destaca su importancia porque los grandes incendios forestales generan “un clima y un humo” que impactan en los ecosistemas y en la salud humana.

El informe, que evaluó el periodo que va de agosto de 2012 a marzo de 2013, señala que “al cierre del análisis no se encontró documentación que acredite que al personal de la Brigada Nacional se le hagan exámenes médicos”. También hace una peculiar comparación: “El aumento del parque automotor, con camionetas 4x4 y autobombas de última generación, contrasta con la disminución del personal de la brigada y el aumento en el promedio de edad de los miembros”. 

Pese a que la incorporación de vehículos es positiva, en Chubut “la infraestructura edilicia no es la adecuada para mantener resguardado el patrimonio de los fenómenos climatológicos, puntualmente 12 autos y cuatro autobombas”.

En 2012 se compraron 102 vehículos que al cierre de la auditoría “aun no se habían recibido”.
También se destaca en el informe que “el Plan no cuenta con helicópteros y aviones propios” y en el caso de que sean necesarios “se contratan a través de una licitación pública”.

Hay ocasiones en las que el PNMF le presta a las provincias autobombas o vehículos, a través de la firma de un comodato entre la SAyDS y el titular de la jurisdicción, pero el Plan “no tiene registros que evidencien el control de los bienes otorgados”.

Sobre las herramientas de mano que posee la Brigada Nacional, la AGN observó que “se encuentran en perfecto estado y a resguardo”.

Tener meteorólogos entre el personal del PNMF es fundamental a la hora de realizar pronósticos diariamente. Pero los auditores detectaron un “déficit ya que solo había dos agentes del Servicio Meteorológico Nacional prestando servicio y uno pidió el traslado a Chubut por lo cual solo tiene un aporte mínimo con las oficinas del SMN”.

En cuanto a la distribución de bienes por parte de la Nación, la AGN detectó que “no es acorde a la realidad de cada jurisdicción”. El Plan “entrega a cada provincia una suma anual uniforme” que en 2011 fue de $4,9 millones y al año siguiente se elevó a los $153 millones. El espacio físico donde se encuentran las coordinaciones es cedido por cada provincia. 

Pese a que la Ley General de Ambiente establece un régimen  de participación ciudadana, los auditores “no encontraron mecanismos que permitan dedicar que se han hecho consultas o audiencias públicas para la discusión de los planes nacionales o regionales”. 

Hasta la fecha de aprobación del informe de la AGN, en octubre de 2013, tampoco había “un manual de normas y procedimientos”, por lo que “la relación entre las coordinaciones es informal porque no hay procedimientos estandarizados ni acuerdos de cooperación”. 

Si bien la Secretaría de Ambiente “cuenta con una división del país en eco regiones, el Plan de Manejo del Fuego no tuvo en cuenta esa clasificación para su regionalización por lo cual no existe correspondencia entre los limites y las regiones fitogeograficas en que se desenvuelve”. Tampoco tuvo en cuenta la geobotánica particular del lugar para los cursos de capacitación que se da en cada jurisdicción.