Durante las siete horas que duró su declaración indagatoria, el extitular de la AFIP negó que fuera “delito” haberle permitido a Oil Combustibles refinanciar una deuda impositiva de $8.000 millones

Siete horas le llevó al extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, defenderse en la Justicia Federal por una de las tantas causas que se le imputan: la concesión de sendas facilidades tributarias al empresario kirchnerista Cristóbal López, quien ya declaró esta semana por la presunta evasión impositiva de ocho mil millones de pesos.

Echegaray ingresó ayer antes de las 10 al juzgado federal de Julián Ercolini, asistido por los abogados León Arslanián y Martín Arias Duval, y se retiró pasadas las 17. Allí, negó haberle permitido al empresario del Grupo Indalo y su socio, Fabián de Sousa, esa millonaria evasión del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) que, según la denuncia, Oil Combustibles SA le cobraba a sus clientes pero no habría depositado en la AFIP. 

Según fuentes judiciales, el exgarante de la impunidad K “negó la imputación de haber incurrido en algún delito relacionado con la concesión de planes de financiamiento tributario y explicó de manera exhaustiva la misión de cada uno de los agentes administrativos” en la cadena de la AFIP y “su esquema de facultades”. En tanto, Arslanián trató de explicar que su cliente “no tenía una intervención directa” pero “dio el visto bueno y firmó” el plan de pagos.

Ante las sospechadas irregularidades, Echegaray, López y otros 20 imputados afrontan el cargo de presunta “defraudación a la administración pública”. 

Para el juez, López, con el “visto bueno” del exagente recaudador, habría usado los 8.000 millones de pesos evadidos para adquirir medios de comunicación y hacer más inversiones, por lo que dispuso la inhibición general de bienes del empresario, de De Sousa y de todas las firmas del Grupo Indalo.

La semana pasada, Oil Combustibles recibió un revés judicial cuando la Corte Suprema de Justicia decidió que el concurso de acreedores, que había comenzado a tramitar en la Justicia provincial de Chubut, debía realizarse en la Justicia Nacional en lo Comercial, con sede en la Ciudad de Buenos Aires. López promovió el concurso preventivo de Oil luego de que la nueva conducción de la AFIP lo denunciara por supuesta “insolvencia fiscal fraudulenta”, con el presunto intento de no pagarle al fisco la multimillonaria deuda impositiva.

Con la de ayer, Echegaray enfrentó su tercera indagatoria en los tribunales federales desde que el kirchnerismo dejó el poder.

Fue procesado por el juez Claudio Bonadio por haber vinculado al ahora ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, con cuentas en Suiza, fallo que le valió el retiro de su cargo al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN).

También fue indagado por el juez Sebastián Casanello en el marco de la ruta del dinero K, y declaró en la causa que investiga una presunta asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner para beneficiar a funcionarios y amigos.

Dentro de la AFIP, Echegaray fue un fiel engranaje de la maquinaria K que protegía a aliados y perseguía a opositores. Desde allí, en un caso similar al de Cristóbal López, le otorgó un plan extraordinario de pagos a la ex Ciccone Calcográfica, con la cual se habría querido quedar mucho antes que el exvicepresidente Amado Boudou, tal como reveló el diario Hoy. Como parte de un plan sistemático, las denuncias también apuntan a los beneficios fiscales que le habría dado a empresarios como Lázaro Báez. 

Fueron estos casos, entre otros de un largo prontuario, los que precipitaron su salida de la presidencia de la AGN, desde donde debía controlar el tramo final del gobierno que lo erigió como garante de la impunidad.