El "material sensitivo" que detonó la polémica bilateral seguirá guardado bajo siete llaves y, contra los deseos de los Estados Unidos, es posible que no sea devuelto en el corto plazo. Es más, incluso, podría ser destruido, según informaron a La Nacion fuentes oficiales.

El armamento, los equipos de comunicación y el puñado de sustancias ilícitas que traía el avión de la Fuerza Aérea norteamericana permanecen custodiados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en la zona primaria aduanera de Ezeiza. Todo está prolijamente ubicado en un container, ordenado en siete pallets y sellado con un precinto satelital que remite directo a un laboratorio emplazado en la sede de la Aduana.

"Esto va a seguir los carriles habituales de cualquier mercadería que se incauta", explicó a La Nacion un funcionario al tanto del procedimiento. Así, al menos hasta ahora, el Gobierno no está dispuesto a ceder ante el pedido de la administración de Barack Obama: restituir el cargamento que el jueves se retuvo durante la inspección local.

Ayer, el subsecretario adjunto de Defensa de los Estados Unidos, Frank Mora, reclamó la devolución "inmediata" del material, especialmente de los aparatos que usan para comunicaciones encriptadas. Consideró que ésa era la forma de "superar fácilmente" el incidente al que calificó de "serio".

Por ahora, eso no ocurriría. En primer lugar, la Aduana estableció como primer paso que un selecto grupo de "personal técnico especializado" revise y catalogue el material confiscado. Más allá de los trascendidos, oficialmente aún no hay una lista detallada y tipificada.

El juez en lo penal económico, Ezequiel Berón de Astrada, pidió estar presente en el momento en que se rompa la faja de seguridad y se abra el contenedor. Mientras el magistrado busca determinar si hubo algún delito, en el Gobierno sostienen que se trató de una infracción aduanera.

¿Qué pasará con el material sensible que Estados Unidos pide que regrese a su país? En el oficialismo, manejan al menos tres escenarios posibles: podría establecerse una multa, el decomiso o, lisa y llanamente, la destrucción. Esto último es el destino más factible de las ametralladoras y drogas encontradas, al menos si no hay una orden política del más alto nivel que indique lo contrario.

A pesar de que al principio sólo el canciller Héctor Timerman había concentrado el asunto, ayer la primera plana del Gobierno sentó bandera y pidió "explicaciones claras" a Estados Unidos. En conjunto, salieron el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y de Seguridad, Nilda Garré. La propia Cristina Kirchner, desde El Calafate, instó a "defender la soberanía".

El Globemaster III, de matrícula 77184, arribó a la Argentina el jueves pasado, con el fin de traer material para cursos de seguridad con la Policía Federal. Esta práctica, que se realizó en 2009, fue cancelada en agosto pasado por un evento similar: la declaración hecha previamente por Estados Unidos no coincidía con el cargamento inspeccionado por los organismos de control en Ezeiza. Esta vez, a pesar de que la Casa Rosada buscó mantener bajo reserva el infortunio, la información se filtró. Después de 48 horas de silencio, el Gobierno optó por dirigir duras críticas a Washington y se abrió un frente inesperado.