Publicado: 31-10-08

El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Investigaciones recibieron el informe de Piccinini por el presunto enriquecimiento desproporcionado del legislador radical.

VIEDMA.- La defensora del Pueblo, Ana Piccinini, envió ayer al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el informe por el presunto incremento desproporcionado del patrimonio del legislador Daniel Sartor. La funcionaria había presentado ese mismo escrito el lunes pasado al presidente de la Legislatura rionegrina, Bautista Mendioroz.

Piccinini confirmó ayer a "Río Negro" que mientras la Legislatura discute el trámite que debe darle a su presentación consideró importante poner en conocimiento a los restantes organismos de control de las pruebas recolectadas para certificar si el titular de la bancada oficialista aumentó su patrimonio injustificadamente en relación a los ingresos conocidos durante el ejercicio de sus cargos en la función pública.

Por otro lado, la defensora adelantó que en caso de que transcurra sin avances el plazo de 15 días establecido por la ley de Ética Pública para el inicio del sumario administrativo por parte de la máxima autoridad del Poder al que pertenece el funcionario denunciado, o los 45 días que se fijan para la resolución del trámite, radicará la denuncia en el ámbito penal, ante el fiscal o el juez correspondiente.

"La ley marca los pasos que deban darse en la vía administrativa, pero si esos mecanismos se agotan sin resoluciones, accionaré en la Justicia porque estoy convencida de lo que denuncié en la Legislatura y en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en el Tribunal de Cuentas", expresó.

"Río Negro" informó ayer que el presidente de la Legislatura, Bautista Mendioroz anunció que dará tratamiento al tema en la reunión de Labor Parlamentaria del lunes próximo. Sin embargo, también se supo que existen criterios diferentes entre los legisladores acerca de los procedimientos que impone la norma citada. Frente a los transcendidos existentes en relación a las diversas interpretaciones de la ley, Piccinini indicó que optó por enviar las carpetas a los restantes organismos de control, considerando que "lo que abunda no daña", según dijo la defensora.