Publicado: 03-08-2011
  
Existen herramientas legislativas para hacer efectiva la responsabilidad política de los funcionarios y garantizar que las causas judiciales prosperen

ES FISCAL ANTI-CORRUPCION. CANDIDATO A DIPUTADO NACIONAL POR UNION-CABA.

El periodista Luis Majul presentó en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados una denuncia por intimidación de la AFIP y discriminación en la distribución de la pauta oficial de las que fue objeto como represalia del gobierno nacional por el contenido de su reciente libro El y Ella, donde relata distintos episodios relacionados con el dudoso patrimonio de la Presidenta.

Como los hechos mencionados constituyen delitos, los miembros de la Comisión le recomendaron formular una denuncia penal ante los tribunales (diligencia que Majul ya había hecho ante el juez Bonadío). A la luz de los antecedentes, nada indica que esta denuncia no recorra el camino habitual: archivo, prescripción o sobreseimiento, lo que invariablemente ocurrirá más allá de las pruebas que se acompañen.

El Congreso y sus miembros suelen promover o instar a la formulación de denuncias que corren finalmente la misma suerte, sin que luego exista de su parte un análisis de los fallos que se dictan así como un examen sobre la regularidad de la actuación de jueces y fiscales frente a casos de gravedad institucional. Los funcionarios del Poder Ejecutivo involucrados en hechos de corrupción se aprovechan de esta dinámica al remitirse a un veredicto de la justicia que jamás llega a tiempo.

Sin embargo, el Congreso dispone de múltiples herramientas para evitar que estas causas judiciales continúen cerrándose impunemente y tiene elementos para hacer efectiva la responsabilidad política de los funcionarios, que no puede estar atada a la morosidad judicial y que es independiente de la responsabilidad penal.

Además de la posibilidad de examinar las causas terminadas, el Congreso puede promover la responsabilidad de jueces y fiscales a través del Consejo de la Magistratura o de la Comisión de Juicio Político cuando los responsables son los jueces de la Corte o el Procurador General de la Nación.

Por otra parte, el Congreso puede requerir explicaciones a los funcionarios, a los que incluso podría hacer comparecer y puede constituir comisiones investigadoras sobre diversos temas que son de trascendencia pública, como por ejemplo el copamiento del INDEC, que debió haber sido objeto de una actitud mucho más comprometida y beligerante por parte del Parlamento ante la desafiante inacción del Juez Canicoba Corral.

El Congreso es el responsable del control de los aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos del Estado, y para ello cuenta con el asesoramiento de la Auditoria General de la Nación, cuyo rol y protagonismo es imperativo potenciar.

Estas herramientas deben ser aplicadas para optimizar la alicaída misión de control que compete al Congreso, cuyas competencias no se agotan en legislar ni en promover el esencial debate sobre las cuestiones públicas.