Publicado: 21-02-2013 
   
Río Negro.- En otras oportunidades me he referido a la falta de independencia de los órganos de control del Estado, inclusive antes de que el actual gobierno asumiera los destinos de esta querida provincia. La falta de transparencia y de independencia trae aparejada la ineficiencia de los órganos de control, que son quienes deben, con total imparcialidad, vigilar los actos del Estado provincial y sus funcionarios por encima de cualquier color político, pues se trata siempre de defender el patrimonio público de todos los ciudadanos. 

Los órganos de control externo asumen la condición de ejercer su influencia para que la gestión se desarrolle con legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia. Ello con el objetivo de resguardar el patrimonio del Estado. Para tal fin deben disponer de una independencia jerárquica, funcional y financiera que permita un control con independencia de criterio, sin presiones, atendiendo objetivamente a los derechos de los ciudadanos.

Esta objetividad imprescindible y la necesidad de un criterio independiente deben prevalecer en quienes están al frente de un órgano de control del Estado. Por eso, desde la Legislatura provincial han surgido propuestas con el fin de que los candidatos acrediten la integridad moral e idoneidad técnica, el compromiso de la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que lo hagan merecedor de tales funciones. Además de la importancia de cumplir con los requisitos establecidos en la ley de Ética...

Esta propuesta garantizaba, en alguna medida, que en la práctica la fiscalización de las acciones de los gobiernos sería llevada a cabo por funcionarios libres, sin compromisos políticos o económicos que los desvíen del interés común. Pero, sin apoyo de los legisladores oficialistas, no prosperó.
La transparencia y la libertad son indispensables. La transparencia en las acciones del gobierno es la que garantiza la credibilidad y confianza de los ciudadanos en las instituciones de la democracia.

El proceder del actual gobierno no ha sido muy distinto del anterior, pues se observa a todas luces lo que hemos anunciado y denunciado desde mi gestión: el gobierno eligió a cargo de los órganos de control a miembros afines a su proyecto. Por esta razón, desde mi banca no apoyé las designaciones.

La situación de descontrol que se puede observar y que denuncié oportunamente se ve demostrada en estos hechos:

• una absurda violación a la ley de Ética Pública y a la Constitución provincial, toda vez que el fiscal de Estado y los integrantes del Tribunal de Cuentas provincial son partícipes activos de la agrupación política interna que apoya al gobernador Weretilneck y están inhibidos de hacerlo en función de la responsabilidad de sus cargos.

• La falta de eficiencia que ha quedado visible en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con medio centenar de denuncias presentadas sin trámite en la Justicia durante la gestión de Marcelo Ponzone.

• La falta de respuestas a los informes y pedidos de intervención que he realizado desde mi labor como legisladora tanto al fiscal de Estado como a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en temas sensibles para la población rionegrina. 

Estos hechos ameritan que el gobierno provincial se disponga a actuar inmediatamente en función de garantizar a los ciudadanos la credibilidad y confianza necesarias, así como dotar de transparencia, eficiencia e independencia a los órganos que controlan que lo que es de todos sea bien administrado para el bien de todos.