Los abogados Norberto Paesani y Hernán Elizondo (defensores de Andrea Bensi y Jorge Rodríguez, respectivamente) presentaron ayer las impugnaciones a las sentencias dictadas en diciembre, mientras que hoy podría sumarse en el mismo sentido el abogado santarroseño Francisco Marull, defensor del ex intendente Oscar Pepa. Los planteos de las defensas recaerán en el Tribunal de Impugnación Penal de la provincia, que en el futuro deberá confirmar o revocar el fallo de la Cámara del Crimen. 

General Pico (Agencia) - El fiscal Carlos Pellegrino le solicitó al Juzgado Penal Nº 5 de esta ciudad que próximamente llame a "indagatoria" a cinco personas que a fines de los ’90 pudieron cometer "fraude en perjuicio de la administración pública" en el marco de la megacausa de las cloacas de Alvear.

Se trata del ex funcionario marinista Oscar Negroto, los empresarios de la construcción Enrique Halcak y José Floridia, el consultor santarroseño Carlos Opezzo y otro hombre identificado como Enrique Queirolo, un supuesto "asesor externo" de empresas interesadas en obras públicas.

Asimismo, y como si al tema le faltaran novedades, durante la mañana de ayer un par de abogados defensores impugnaron el fallo condenatorio que en diciembre dictó el tribunal de la Cámara del Crimen para cuatro imputados por dicho delito. 

Fraude 

Como indicara El Diario, al fiscal Pellegrino se le pidió en diciembre investigar si otras personas pudieron o no haber cometido el delito de "fraude" por el que fueron condenados el ex intendente alvearense Oscar Pepa, su ex secretario tesorero Omar Ghisio y dos apoderados de empresas constructoras conformadas en UTE, Jorge Rodríguez y Andrea Bensi.

Tras estudiar la sentencia dictada por los camaristas y el expediente de la megacausa, que componen quince cuerpos, Pellegrino resolvió en la jornada del miércoles solicitarle al Juzgado Penal Nº 5, que se encuentra de turno, que otras cinco personas sean convocadas a "indagatoria".

Cabe recordar que durante los meses de noviembre y diciembre de 2009 se sucedieron ocho audiencias de debate en la Cámara del Crimen, en las que se escuchó a los imputados y a numerosos testigos solicitados por las partes, entre ellos tres de los cinco apuntados ahora por la Justicia: Halcak, Floridia y Opezzo.

Asimismo, los dichos vertidos durante el juicio comprometieron la situación de otras dos personas: Oscar Negroto y Enrique Queirolo.

En un breve contacto mantenido ayer con El Diario, Pellegrino confirmó que el pedido elevado el miércoles al Juzgado 5, que funciona a cargo del juez Oscar De Marco, con secretaría de Sebastián Rawson Paz, encierra la toma de "indagatoria" para las personas mencionadas.

En tanto, vale apuntar que Floridia es el suegro de la condenada Bensi, quien aseguró figurar como apoderada de una de las empresas en UTE justamente a pedido del padre de su esposo; mientras que Halcak es titular de una empresa que fue "subcontratada" por la UTE para ejecutar la mayor parte de la obra de la polémica.

En tanto, Opezzo es un vecino de Santa Rosa que a fines de los ’90 eligió "el mejor proyecto" a pedido de Oscar Pepa y luego resultó "contratado" por el municipio alvearense para controlar la ejecución de las tareas, sin advertir detalles muy llamativos en torno a una obra sumamente sobrevaluada.

En tanto, Negroto y Queirolo están sospechados de tener "relación directa" con el envío de ATN (Aportes del Tesoro de la Nación) que llegaron a Intendente Alvear desde el Ministerio de la Nación.

La obra pública se ordenó por un monto superior a los dieciocho millones de pesos / dólares, cuando el valor real rondaba los seis millones y medio de pesos, según estableció la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

Impugnaciones

En diciembre fueron condenadas las cuatro personas que, tras una década de idas y vueltas, llegaron como imputadas a debate. Al respecto, ayer impugnaron la sentencia los abogados Norberto Paesani y Hernán Elizondo (defensores de Bensi y Rodríguez, respectivamente), mientras que hoy podría sumarse en el mismo sentido el abogado santarroseño Francisco Marull, defensor de Pepa.

Los planteos de las defensas recaerán en el Tribunal de Impugnación Penal de la provincia, que en el futuro deberá confirmar o revocar el fallo de la Cámara del Crimen.